PLAN ESTRATEGICO AMBIENTAL LOCALIDAD INDUSTRIAL DE LA BAHIA
PLIEALIB
CARACTERIZACIÓN
ANTECEDENTES AMBIENTALES
MISIÓN
VISIÓN
OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS
ESTRATEGIAS
METAS y PROGRAMAS
PROYECTOS
ALIADOS
COMPONENTE ECONÓMICO
ALTERNATIVAS FINANCIERA

Nuestro Plan Estratégico Ambiental de la Localidad Industrial de la Bahía,
depende de la capacidad de generar una alianza de confianza de todos los actores intersectoriales, tanto públicos como privados del territorio.
Nuestro Plan Estratégico Ambiental de la Localidad Industrial de la Bahía,
Depende de la capacidad de generar unas alianzas de confianza de todos los actores intersectoriales, tanto pública como privada del territorio.
Introducción.
El Plan Integral y Estratégico Ambiental de la Localidad Industrial de la Bahía “PLIEALIB, es producto de un acumulado de experiencias en el campo ecológico que nos ha permitido recogerlo y presentarlo en este documento como la carta de navegación en defensa de los intereses de las comunidades a trabes de las organizaciones sociales y ambientales de nuestra localidad que confrontará las políticas tanto estatales como del sector privado en busca de restitución de derechos vulnerados en el campo social, económico, cultural y ambiental .

Dentro del amplio espectro de temas que guardan relación con la protección del medio ambiente en nuestra Localidad Industrial de la Bahía, la problemática de los residuos sólidos ocupa un lugar principal para la gestión ambiental y su relación con el ser humano, no desconociendo que existen otros que sean de menos impactos, por el contrario, si mencionamos sin resaltar su orden vemos: la contaminación a la atmósfera por parte de la industria de Mamonal, la series de caños y canales sin revestimientos que recogen aguas residuales de algunos barrios, al igual que los líquidos de lixiviados que permanentemente genera el primer “relleno sanitario a cielo abierto de Henequen que se arroja a la bahía de Cartagena por el caño que pasa por los barrios Antonio José de Sucre y el 20 de julio.
El aplazamiento sistemático de la clausura y posclausura de los rellenos sanitarios de Henequen, Nelson Mándela, el de Tirsa y Carmen de Bolívar en Pasacaballos, siguen siendo preocupante para las comunidades que residen alrededor de ellos y además empeorando la situación cuando el POT define el lugar de uno nuevo en cercanía a Pasacaballos, denominado los Cocos. Esto riñendo con la O. M . S, que en el encuentro mundial de habitad en Río de Janeiro Brasil, quien dictaminó que todo proyecto debe estar enmarcado bajo el acondicionamiento del Desarrollo Humano Social y Sostenible, además que los rellenos sanitarios en el 2005 debieron su desaparecer en el mundo por no ser garante su impermeabilidad del grave daño que le ocasiona al subsuelo. 1.

La falta de unas políticas públicas por parte del distrito en materia ambiental, es todavía más preocupante, esto lo manifestamos cuando en la actualidad no habido una socialización, apropiación y aplicación del PGIRS . Lamentamos continuar anunciando desconocimiento de la normatividad ambiental e inclusive de herramientas como el Acuerdo del Concejo Distrital el Nº 18 del 18 de Junio de 2001, que nos indica como aplicar el Reciclaje en la Fuente y como obtener los subproductos de ellos.

La no recolección de los residuos sólidos por los barrios por donde no pasa el carro recolector, por el mal estado de las vías, este y la proliferación de los Basureros Satélites ha sido un intento fallido de erradicar, debido a la mecánica aplicada para la escogencia , donde las organizaciones sociales legítimamente reconocidas fueron desconocidas al llamado , pero esto no lo manifestamos como lloriqueo, por el contrario deseamos que a quienes le adjudicaron la subcontratación le cumplan a las comunidades que a la larga son las directamente afectadas.

Antecedentes :
La Localidad Industrial de la Bahía de la ciudad de Cartagena de indias D.T y C históricamente su ecosistema fue irrumpido en la época de la colonia en el año 1 .650 por la crueldad Española que sometían a nuestros negros e indígenas a trabajo forzado en la construcción del brazo del Canal del Dique, el cuál le viene depositando grandes cantidades de lodo y cuanto arrastra, se inicia al norte del municipio de Calamar y desagua en la bahía de Cartagena, al oeste del corregimiento de Pasacaballos. Pasa por Gambote, San Cristóbal, Santa Lucía y Soplaviento. numerosas ciénagas que se formaban de una desviación del río Magdalena, El canal, con una longitud de 118 Km y una profundidad mínima de 2,40 m, resulta vital para la navegación de barcos de hasta 1.000 toneladas. En la superficie presenta una anchura de 56 m, y 45 m en el fondo.
La segunda en su orden es la aparición del envió de petróleo por tubería desde Barranca a la empresa extranjera denominada Anidian Petroleum, que se entregó en concepción grande extensión de tierras que fueron acondicionadas por esta firma y posteriormente se convertiría en la refinería de Ecopetrol, al igual le dio paso al emporio industria pesada, tales como petroquímica, carbonífera y alcalinas conocido como Mamonal, que desde su inicio y desarrollo ha generado grandes contaminaciones al ecosistema del entorno de la ciudad .

Posteriormente, ante la inminente crisis sanitaria de los depósitos de los Residuos Sólidos y Líquidos de la ciudad, los primeros se producen por cierre del basurero de Loma de Vidrio en la Zona Norte, por los problemas de seguridad que le ocasionaba al aeropuerto Rafael Núñez, fue trasladado en los terrenos de una finca donde se cultivaba henequen, que es una mata que producía una penca para fabricar cabuyas, en este sitio las comunidades que dependían de este fique, fueron desplazadas por un deposito a cielo abierto sin ninguna prevención técnica, ni mucho menos científica, que hasta la presente no ha sido clausurado, cuando por cumplimiento de una Acción de Tutela en el año 92, hubo que trasladarlo 500 metros más a un nuevo “relleno sanitario” al lado de Nelson Mándela que tiene depositado más de dos millones de Toneladas métricas y aún sigue sin clausurar , generando un grave peligro para mas de 125 mil personas que habitan al su alrededor. Con relación a las Aguas Residuales de la ciudad, la Bahía de Cartagena recibe el 40% de lo que genera la urbe, más lo que Mamonal arroja, con esto se viene a aumentar la cadena contaminante a nuestra localidad.

Otros elementos que suman al deterioro del ecosistema, están enmarcados en los 25 kilómetros de caños y canales que vienen generando erosión e inundaciones que atropellan viviendas de muchas comunidades de todos los estratos de nuestra localidad. A esta realidad anteriormente señalada, carente de una verdadera cultura ecológica, le sumamos otras de índole menos preponderante, pero si preocupante, tiene que ver con la merma de la fauna y la flora de manera escalofriante, mucha lomas o cerros y bosques de nuestra localidad están en riesgo a desaparecer, no hay ni existe un control ni políticas que determinen aguantar esto.
Si continuamos así y no prestamos atención en confrontar este atropello inhumano, por anteponer el “Desarrollo Social” , nos tocará en el futuro comprar el oxigeno, así como el agua potable que nos venden en bolsas plásticas y botellitas, cuando nuestras comunidades por su pobreza sobrepasan el 65 % , indicando de esta manera que iríamos a desaparecer o desplazarnos a otro entorno que sea más vital, cuestión que no continuaremos tolerando a soportar de parte de una clase política que ha ostentado el poder de manera insensible y excluyente.

Hemos sido promotores de l Foros y Audiencias Públicas más importantes de la ciudad en materia ambiental, señalamos algunas al respecto :
Primer taller Ecológico en la Zona Sur Occidental — febrero de 1993 tema Relleno Sanitario y contaminación Mamonal
Foro socialización del PGIRS 27 DE MAYO 2004—asitencia de 450 personas
Primero y segundo foro “Cartagena y su Futuro Ambiental” 1997 y 2000 con más 800 asistentes en c/u.
Primer foro Ambiental de la Localidad 2005 con asistencia de 400 personas

Caracterización de la localidad.
La localidad industrial de la bahía, con un territorio comprendido en un área de 8.943 hectáreas de las 60 mil que tiene Cartagena de indias, una población de más de los 400 mil habitantes, que residen en una 64 mil viviendas, pero que la integran unas 78 familias, fundamentada por la Ley de distrito 768/00, los Acuerdos Distritales 026/02, 006/03 y 0581/04 que crea una subdivisiones administrativas denominadas U.C.G.U y R, de las cuales 5 son urbanas y una rural, tanto por el POT como por el Acdo. 044/87 que la declara como zona receptora de asentamientos humanos y de los residuos sólidos de la ciudad, para describir más las estadísticos presentamos el siguiente cuadro:
Geográficamente localizada en la Zona Sur Occidental de la ciudad, limitando con Turbaco y Turbana, por el Norte con la Localidad de la Virgen y Turística, por el Oeste con la Bahía de Cartagena, al igual que la Localidad Histórica y del Caribe norte. Su topografía un 65% plana, con variedades de cotas desde 15 a 50 Mts SNM, tal como el Cerro de Albornoz, la población penas cubre un 35% de su territorio, la zona industrial y una series de puertos ubicados en Mamonal con más de 80 empresas tanto pesada y semipesada, además contamos con grandes cadenas en el sector comercial, que cada día se fortalece. En materia vial se cuenta con el Corredor de Carga, la Variante, la Troncal de Occidente como las más sobresalientes, por que al interior de la localidad se encuentran vías alternas que prestan el servicio de movilidad al transporte urbano, que consideramos que es aceptable. Lo que si es preocupante es que apenas contamos con un 25% del total de las vías pavimentadas en los 179 barrios, la situación demográfica se muestra con un 65% de los habitantes, no son oriundo de la ciudad, son en gran parte provenientes del departamento, del cuál el 10% son por desplazamiento forzado, en cuanto a las viviendas el 60% son por Autoconstrucción, el resto por el sector estatal un 25 % .en cuanto al índice de subnormalidad existe un 17 % casos de pobreza absoluta y de pobres históricos un 60 %.
Reseña Histórica .
Fue conocida inicialmente como la Zona Sur occidental de la ciudad, posteriormente la Ley de distrito a través del acdo. 0581/04 le da el nombre actual Localidad Industrial de la Bahía. las primeras poblaciones ubicadas fueron Pasacaballos, San Sebastián de Ternera y Albornoz que eran grandes fincas que aún predominan con sus nombres, además de agropecuaria y pesqueras. Ejemplo de ello cuando aparece la industria petrolera y se ubica en la hacienda de Ceballos, dándole paso a la empresa Anidian Petroleum Company.
A mediado de los años 60 aparece el barrio Blas de lezo, el cuál genera el desarrollo del polo urbanístico, posteriormente sigue el Socorro, Sanpedro Mártir, el Carmelo, San Fernando, la Consolata, Ceballos, la Victoria y los Caracoles .
MISIÓN .

El empoderamiento de las comunidades en las decisiones y ejecución de actividades y proyectos que permitan mejorar la calidad de vida
La restitución de los derechos ambientales vulnerados, como beneficio común.

VISIÓN.

Una localidad desarrollada en armonía con el medio ambiente y el desarrollo humano sostenible.
Gozar de un entorno sano, saludable, prospero y compatible con las comunidades en su habitad, donde se aplique una producción limpia .

Objetivos Generales .
Garantizar una mejor calidad de vida para la población de la localidad industrial de la bahía.

Objetivos específicos.
Desarrollar planes, programas y proyectos que nos permitan direccionar y orientar el panorama ambiental en concordancia con la participación colectiva de las comunidades.
Garantizar la aplicación de la ley, normas, decretos, resoluciones, acuerdos y la implementación del PGIRS como políticas públicas
Propiciar el mejoramiento integral del medio ambiente en el territorio.
Capacitación a las comunidades y las instituciones educativas .

Estrategias .

Desarrollar la gestión interinstitucional
Propiciar la Concertación de la comunidades con el sector estatal y privado.
Uso de mecanismos de control, a través de veedurías e interventoras.

Metas y programas .

Contar con un Plan de Manejo Trianual
Identificar y convocar a todas las comunidades afectadas .
Capacitación y manejo ambiental a las comunidades e instituciones educativas.
Ejecutar Proyectos que generen beneficios en el campo laboral .

Proyectos .
Para el cumplimiento de los objetivos, metas y programas que están contemplados en el Plan Integral Ambiental de la Localidad Industrial de la Bahía ejecutar los siguientes proyectos alternativos en aras de mitigar el impacto social, económico, cultural y ambiental, donde las comunidades afectadas sean las principales protagonistas de los beneficios que ellos demanden.

PROGRAMA AMBIENTAL Y EMPRESARIAL DIRIGIDO A LA RECUPERACION SOSTENIBLE DE LA LOCALIDAD.
Los beneficios que se van a obtener bajo este programa son:

Capacitación a la comunidad en materia del manejo ambiental y de los recursos naturales como empresarios.
Generación de empleo calificado y no calificado
Mejoramiento socioeconómico de las comunidades a través de sus organizaciones legitimas.
Mejoramiento de la calidad de vida del entorno y de la ciudad.
Estabilizador social y modelo de desarrollo sostenible.
Control y eliminación de procesos de invasión en zonas de alto riesgo y evitar procesos de demanda contra el distrito.

Para el desarrollo de este esquema se plantea un proceso de incubadoras de empresas alrededor de los recursos naturales basados en los procesos de Reciclar, Reutilizar y Reparar, principios que se aplicaran en cada uno de los proyectos mediante el programa así:

Declaración como Área Natural Protegida por la sociedad civil a los espacios ocupados actualmente por los basureros, relleno sanitario, canales y areas circundantes a los mismos. El gobierno nacional mediante la Ley 99/93 establece en su Art. 109 y 110 los procedimientos para registrar las areas protegidas ante Minambiente. Además la ley 300 y en las líneas de crédito FINAGRO se tiene contemplado el Ecoturismo y Paisajismo que deben ser fomentados e impulsados por el Gobierno Nacional.
Conformación y Creación del Jardín Botánico de la localidad. Se encargará de la reforestación y propiciará proceso de desarrollo de una cultura ambiental, al igual comercializará los productos que esta obtenga.
Empresa de Reciclaje en la Fuente — Se encargará mediante un modelo piloto en las U.C.G 12 y 13, las industrias de Mamonal, en la Zona de Transferencia que debe disponer el relleno sanitario actual.
Empresa de Reforestación - Se encargará de operar un Vivero principalmente de árboles frutales y nativos cuyo producido mensual proyectado será de 3000 plántulas, inicialmente se sembraran en el Jardín Botánico y posteriormente se utilizaran en el alinderamiento urbanístico de la localidad y la ciudad mediante un contrato con el distrito o empresa privada, para reforestar anualmente 10.000 árboles.
Empresa de Educación Ambiental - Se encargará de elaborar las estrategias educativas para promocionarla en las comunidades, colegios, universidades y empresas de Mamonal, al igual que desarrollara la capacitación en convenio con el EPA, las empresas recolectora Urbaser, Acuacar, Surtigas Electrocosta y Cardique.
Empresa Pecuaria de especies Menores.— Se encargara a través de convenio con el sector turístico e industria de mamonal en recoger los desechos alimenticios para el fomento de la cría de Cerdo, pollos, Conejos, Carneros y otras especies que puedan desarrollarse sistemáticamente.
Empresa de Zoocria . Tiene como objeto la recuperación de las especies en vía de extinción.

Empresa de Lombricultivo y Compostaje . Será la encargada de reutilizar los excedentes orgánicos en descomposición
mediante la técnica de lombriz californiana de alto valor proteínico y su carne apetecida a nivel internacional como es la
industria de la hamburguesa y como subproducto se obtiene el humus o suelo orgánico muy apreciados en los froricultivo
y en especial para la jardinería.


- Empresa de Horticultura y Botánica. Producirá las principales especies vegetales de hortalizas que se
producen en esta zona como son el cebollin, tomate, berenjena, ají, solla, plantas medicinales y de fragancias entre
otras.
10– Empresa de Recolección de Residuos Sólidos en los barrios por donde no pasa el carro recolector, por el mal
estado de las vías. Se encargará de subcontratar con la empresa prestadora del servicio en los barrios de la loca-
lidad, implementando la participación directa de las organizaciones comunales existente.
11- Empresa de barridos de Calles, Avenidas y Parques en la localidad .

ALIADOS.
Para el desarrollo de todos los proyectos anteriores, contaremos con la asesoria permanente de Cardique, como ente que debe revisar por ejercer control en este campo y además por ser territorio de su competencia, al igual que el Establecimiento Público Ambiental EPA que rige para el distrito de Cartagena; por otra parte las empresas afiliadas a Fundación Mamonal y por supuesto que la empresa recolectora de residuos sólidos URBASER SPD . SA, la Asocomunal de la localidad, la Junta Administradora local, Alcaldía Local, Alcaldía Distrital y el Ministerios de Vivienda, Medio Ambiente e Infraestructura.

COMPONENTE ECONÓMICO.
Cada proyecto en particular presentara su componente económico, cuando el ente asesor Cardique, apruebe los estudios de impacto ambiental y la factibilidad de los proyectos debidamente formulados en fichas técnicas apropiadas para su formulación, ejecución, evaluación e indicador de resultados.

ALTERNATIVAS FINANCIERA.

Como alternativas financieras para la ejecución de los proyectos es necesario contar con los siguientes actores directos :

Entes Oficiales y Privados de orden distrital, departamentales y nacionales.
Entes de orden internacional, estatal o privado, ONG o Fundaciones.
Comunidades organizadas en un Bloque Ambiental de la Localidad.

Documento presenteado por: manuel Palmieri goselin




O B J E T I V O S
Fortalecer sistemas de formación de capital humano y crear las condiciones básicas para lograr una mayor calidad de vida, el derecho a acceder al uso y goce adecuado de servicios públicos, administrativos y de espacio público, vivienda, salud y sistema ambiental de manera que respondan positivamente al reforzamiento del entorno vital y a la identidad cultural de los pobladores.
Fortalecer sistemas de formación de capital humano y crear las condiciones básicas para lograr una mayor calidad de vida, el derecho a acceder al uso y goce adecuado de servicios públicos, administrativos y de espacio público, vivienda, salud y sistema ambiental de manera que respondan positivamente al reforzamiento del entorno vital y a la identidad cultural de los pobladores.
Fortalecer la identidad y la integración cultural de la población cartagenera, así como la práctica de los valores ciudadanos a través del estímulo al reconocimiento propio de su entorno físico, para conseguir que acceda a la identificación de los potenciales productivos que le garanticen una calidad de vida acorde con sus costumbres y con la sostenibilidad de su entorno.
Construir un sistema de gestión pública transparente, moderno y descentralizado, que garantice espacios democráticos de participación y gestión comunitaria, donde los ciudadanos se apropien y se responsabilicen de la planeación, ejecución y control de las acciones públicas y del desarrollo de la ciudad.
Fortalecer la integración del área regional del Distrito de Cartagena de Indias dentro del contexto de la economía regional, nacional e internacional, garantizando su crecimiento en términos de seguridad, progreso económico, social, cultural y de mejoramiento
Restaurar y proteger los ecosistemas para asegurar la conservación, el aprovechamiento perdurable y la sustentabilidad del territorio conformado
por los ámbitos del Mar Caribe, las Bahías de Cartagena, de Barbacoas, de la Ciénaga de la Virgen, del Canal del Dique
Garantizar el balance, articulación, y funcionalidad de las actividades económicas en el distrito, orientadas al fortalecimiento de las relaciones entre ámbitos territoriales y áreas de actividad.

P O L I T I C A S
Establecer y fortalecer relaciones con los municipios vecinos, con el fin de afianzar el desarrollo del territorio desde lo económico, social, ambiental, político y cultural.
Integrar la actividad económica del Distrito de Cartagena, en especial la industrial y comercial, con el resto del país, a través del Canal del Dique, aprovechando su condición de elemento conector de Colombia con el gran Caribe.
Liderar programas de desarrollo e integración de áreas rurales que promuevan el intercambio económico aprovechando las características y potencialidad del territorio.
Aprovechar la localización estratégica de Cartagena y fomentar las relaciones de integración económica, comercial y cultural con los países de la región Caribe.
Orientar el sistema de transporte a favorecer los derechos de los ciudadanos y la calidad de vida en el territorio distrital.
Incentivar la iniciativa del sector privado para la puesta en funcionamiento de equipamientos de inte
Fomentar el reconocimiento de la noción de lo público – colectivo, y su primacía sobre lo privado – individual, como aspecto fundamental en la organización de ciudad Recuperar y mantener el desarrollo de la memoria colectiva histórica y cultural del Distrito.INTEGRACIÓN REGIONAL.
Reconocer el territorio Distrital en todo su conjunto, es decir, la ciudad de Cartagena y el conjunto de los centros poblados y áreas rurales.
Fomentar el reconocimiento de la noción de lo público – colectivo, y su primacía sobre lo privado – individual, como aspecto fundamental en la organización de ciudad.
Crear espacios para el desarrollo de proyectos colectivos, que faciliten la cohesión de la ciudadanía en general, así como el establecimiento de normas éticas, de convivencia y de solidaridad.
Construir un sistema de gestión pública transparente, moderno y descentralizado, que garantice espacios democráticos de participación y gestión comunitaria, donde los ciudadanos se apropien y se responsabilicen de la planeación, ejecución y control de las acciones públicas y del desarrollo de la ciudad.
Integrar la recuperación y aprovechamiento de todos los cuerpos de agua de la ciudad, articulados con las funciones urbanas.
Mejorar la oferta ambiental del territorio, y disminuir impactos negativos, buscando una mayor equidad en el acceso a sus beneficios por parte de la población.
Fortalecer la identidad de la ciudad caribe mediante la recuperación de la fachada urbana sobre el mar y los bordes de los cuerpos de agua.

Mejorar la infraestructura de soporte de los sistemas de salud y educación, recreación y vivienda.
Propender por la eficiencia y la competitividad de la ciudad, de tal manera que se logre un transporte equilibrado, sano y auto sustentado.
Fomentar actividades y construcción de infraestructuras relacionadas con la información y la creación de servicios de alto valor agregado, tales como centros de información sobre la conexión entre oferta y demanda de productos.
Potenciar la capacidad de creación de nuevos espacios de ocupación, estableciendo mecanismos que faciliten nuevas actividades productivas y sociales que, además, contribuyan a reducir los efectos del desempleo
PROYECTO PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SÓLIDOS EN BASUREROS SATELITES FOCALIZADOS EN LA U.C.G.U 15.

Cobertura del Proyecto: Comprende 20 barrios de los 38 existentes en la U.C.G.U –15, que tiene una población de 67.547 habitantes y un área de 240 Hectáreas.

Duración Operativa: 2 meses, comprendido en dos fases. Una de capacitación o
Culturización en las comunidades y la otra es de operatividad.

Beneficiarios del Proyectos: 21 barrios de 38 de la Unidad Comunera y representa a 3.726
Viviendas, con 20.546 habitantes

Costo del Proyecto: Tiene un costo Total de $ 15.941.200. Compartido en dos periodos, cancelado mediante un anticipo equivalente al 50%, una vez legalizado el contrato y el saldo, previa presentación de actas de inicio y final.

Entidad a presentar: Establecimiento Publico Ambiental (E.P.A)

Entidad Ejecutora: Asociación de Lideres Independientes 15 – Matricula Nº 09-208703-28 y NIT: 900040271-5.

ANTECEDENTES: La ciudad de Cartagena genera alrededor de 650 a 700 TN- DIA de residuos sólidos, los cuales vienen siendo recogidos en un 85 % por por los consorcios de aseo urbano Lime y Ciudad Limpia, el 15% no se ejecuta por el mal estado de las vías, por la falta de cultura ecológica de los ciudadanos, además por los estratos 0, 1 y 2 que no tienen capacidad de pago por su extrema pobreza que padece la ciudad y sus habitantes, por otro lado existen residuos que van a parar a los cuerpos de agua en la ciudad ।

Caracterización del Proyecto: El proyecto se caracteriza por tener dos fases
Importantes que deben ejecutarse en la medida que sea tenido en cuenta por el ente competente en el distrito o por otro que se interese . en primera instancia la primera fase consiste en realizar la recolección manual o con equipo si es necesario para eliminar la cantidad existente, se encuentre, donde se encuentre, es decir tierra o en los cuerpos de agua. La segunda fase es la de sensibilización de las comunidades en el entorno donde se ejecutará el proyecto, con campañas educativas para generar una cultura sobre los residuos sólidos.

Justificación: a- Existe una necesidad que debe ser satisfecha en el lugar que exista. b- Existe un problema social y ambiental que debe ser solucionado con objetividad y garantía obligatoria por quien la ejecute c- Con la implementación de este proyecto, se espera resolver la problemática e inquietud de las comunidades que lo padecen en la ciudad. d - En cuanto a las ventajas, una es que genera empleos directos y otra que vincula a la comunidad a la obtención de la cultura ecológica, con la implementación de una capacitación selectiva en el entorno donde existe el mal. e- Podríamos generar en los interesados la aplicación del Acuerdo Distrital 18 del 18 de Junio de 2001, que manifiesta el Reciclaje en la Fuente en todas sus etapas definidas en el acuerdo, como son el Reciclaje, el Rehúso y al Recuperación .
Objetivos
Disminución de los sedimentos que llegan a la bahía y las Islas del Rosario por el Canal del Dique y restauración hidrobiología de los humedales asociados al sistema. Protección de los bosques en general, en especial los de las rondas de los cuerpos de agua. Fomento de la sostenibilidad ambiental de éstas actividades.Manejo adecuado de las aguas pluviales y de las obras públicas a fin de prever situaciones de emergencia en asentamientos localizados en zonas bajas.
En salud: Fomento con el sector privado de un programa de infraestructura en salud coherente con las necesidades actuales y futuras de la población.
Generales y Específicos: a- Buscaremos desaparecer los Basureros Satélites existentes, para eliminar los focos de infección donde exista tierra o cuerpos de agua, para minimizar los efectos al ecosistema y a las comunidades, acorde con la Legislación ambiental Ley 99-93 vigente, al igual el compromiso con las conclusiones del encuentro mundial en Río de Janeiro Brasil, donde concluyo que todo proyecto o necesidad a realizarse en el mundo, debe tener el componente del Desarrollo Humano Social y Sostenible . b- Generar unas campañas educativas, con talleres en las comunidades en torno al problema, lograr que los consorcios apoyen estas iniciativas, colocando canecas estacionarias, suficientemente grandes para hacer que las comunidades depositen ahí los residuos, con el concurso de la cooperativa o ente que resulte beneficioso del proyecto.
Resultados a buscar: a- Acabar definitivamente con el problema, que no sea repetitivo. b-Generar una capacitación permanente hasta crear una cultura en las comunidades donde existe el problema. c- Vincular a las comunidades en el proceso de participación comunitaria con el distrito a través de Convenios Distrito- Comunidad Organizada en cooperativas, ONG y entes afines.
Metas: a- Realizar talleres permanentes en las comunidades donde se presenta esta problemática en la ciudad de Cartagena, que consideramos que es cada día más preocupante, tanto en los terrenos baldíos en los barrio, plaza de mercado y cuerpos de agua. b- Impulsar con la juventud que se encuentran en las escuelas para que en los planes del gobierno escolar incluyan los PRAES, y PROCEDAS en las instituciones educativas.

En vivienda: Identificación de suelos y dotación de los servicios públicos domiciliarios necesarios, para ampliar la oferta destinada a la construcción de vivienda de interés social
Metodología : la parte operativa del proyecto debe realizar las siguientes tareas : a- se capacitaran los operarios para que ganen identidad y sentido de pertenencia con el problema ।b- con grupos de 8 operarios se le asignaran las actividades con todas las precauciones necesarias de seguridad personal, como guantes, botas y nariceras .c-se utilizará las herramientas artesanales como palas, carretillas, azadones y rastrillos para realizar la maniobras de recolección y empaque en bolsas plásticas, para luego transportar a los contenedores, para que los consorcios lo lleven al deposito final. d- generar el compromiso con la comunidad para que depositen los residuos en

देपोसिटास.

Objetivos
Generales y Específicos: a- Buscaremos desaparecer los Basureros Satélites existentes, para eliminar los focos de infección donde exista tierra o cuerpos de agua, para minimizar los efectos al ecosistema y a las comunidades, acorde con la Legislación ambiental Ley 99-93 vigente, al igual el compromiso con las conclusiones del encuentro mundial en Río de Janeiro Brasil, donde concluyo que todo proyecto o necesidad a realizarse en el mundo, debe tener el componente del Desarrollo Humano Social y Sostenible . b- Generar unas campañas educativas, con talleres en las comunidades en torno al problema, lograr que los consorcios apoyen estas iniciativas, colocando canecas estacionarias, suficientemente grandes para hacer que las comunidades depositen ahí los residuos, con el concurso de la cooperativa o ente que resulte beneficioso del proyecto.

Metas: a- Realizar talleres permanentes en las comunidades donde se presenta esta problemática en la ciudad de Cartagena, que consideramos que es cada día más preocupante, tanto en los terrenos baldíos en los barrio, plaza de mercado y cuerpos de agua. b- Impulsar con la juventud que se encuentran en las escuelas para que en los planes del gobierno escolar incluyan los PRAES, y PROCEDAS en las instituciones educativas.

Resultados a buscar: a- Acabar definitivamente con el problema, que no sea repetitivo. b-Generar una capacitación permanente hasta crear una cultura en las comunidades donde existe el problema. c- Vincular a las comunidades en el proceso de participación comunitaria con el distrito a través de Convenios Distrito- Comunidad Organizada en cooperativas, ONG y entes afines.

Metodología : la parte operativa del proyecto debe realizar las siguientes tareas : a- se capacitaran los operarios para que ganen identidad y sentido de pertenencia con el problema .b- con grupos de 8 operarios se le asignaran las actividades con todas las precauciones necesarias de seguridad personal, como guantes, botas y nariceras .c-se utilizará las herramientas artesanales como palas, carretillas, azadones y rastrillos para realizar la maniobras de recolección y empaque en bolsas plásticas, para luego transportar a los contenedores, para que los consorcios lo lleven al deposito final. d- generar el compromiso con la comunidad para que depositen los residuos en bolsas para luego pasar a recogerlas y posteriormente llevarlas al contenedor, previa motivación con las comunidades.

Soporte Técnico: a- Realizaremos las operaciones requeridas con las herramientas artesanales mencionadas que se necesitan para ello, propio de las condiciones difíciles de acceso a maquinarias en algunas partes donde existe el problema. b- se contará con una oficina o casa de apoyo fija donde se pueda rendir cuenta para ubicar a los operarios y las visitas del interventor del contrato.
Objetivos
Generales y Específicos: a- Buscaremos desaparecer los Basureros Satélites existentes, para eliminar los focos de infección donde exista tierra o cuerpos de agua, para minimizar los efectos al ecosistema y a las comunidades, acorde con la Legislación ambiental Ley 99-93 vigente, al igual el compromiso con las conclusiones del encuentro mundial en Río de Janeiro Brasil, donde concluyo que todo proyecto o necesidad a realizarse en el mundo, debe tener el componente del Desarrollo Humano Social y Sostenible . b- Generar unas campañas educativas, con talleres en las comunidades en torno al problema, lograr que los consorcios apoyen estas iniciativas, colocando canecas estacionarias, suficientemente grandes para hacer que las comunidades depositen ahí los residuos, con el concurso de la cooperativa o ente que resulte beneficioso del proyecto.

Metas: a- Realizar talleres permanentes en las comunidades donde se presenta esta problemática en la ciudad de Cartagena, que consideramos que es cada día más preocupante, tanto en los terrenos baldíos en los barrio, plaza de mercado y cuerpos de agua. b- Impulsar con la juventud que se encuentran en las escuelas para que en los planes del gobierno escolar incluyan los PRAES, y PROCEDAS en las instituciones educativas.

Resultados a buscar: a- Acabar definitivamente con el problema, que no sea repetitivo. b-Generar una capacitación permanente hasta crear una cultura en las comunidades donde existe el problema. c- Vincular a las comunidades en el proceso de participación comunitaria con el distrito a través de Convenios Distrito- Comunidad Organizada en cooperativas, ONG y entes afines.

Metodología : la parte operativa del proyecto debe realizar las siguientes tareas : a- se capacitaran los operarios para que ganen identidad y sentido de pertenencia con el problema .b- con grupos de 8 operarios se le asignaran las actividades con todas las precauciones necesarias de seguridad personal, como guantes, botas y nariceras .c-se utilizará las herramientas artesanales como palas, carretillas, azadones y rastrillos para realizar la maniobras de recolección y empaque en bolsas plásticas, para luego transportar a los contenedores, para que los consorcios lo lleven al deposito final. d- generar el compromiso con la comunidad para que depositen los residuos en bolsas para luego pasar a recogerlas y posteriormente llevarlas al contenedor, previa motivación con las comunidades.

Soporte Técnico: a- Realizaremos las operaciones requeridas con las herramientas artesanales mencionadas que se necesitan para ello, propio de las condiciones difíciles de acceso a maquinarias en algunas partes donde existe el problema. b- se contará con una oficina o casa de apoyo fija donde se pueda rendir cuenta para ubicar a los operarios y las visitas del interventor del contrato.

EL TERROR Y LA VIOLENCIA

El terror y la violencia como formas

de aniquilación de la política
Francisco Cortés Rodas•
Universidad de Antioquia

Una aproximación al conflicto en Colombia a partir de Hannah Arendt

En el contexto político colombiano de las últimas décadas del siglo pasado, la relación entre el terror, la violencia y la política se concretó en la aceptación cada vez mayor de los primeros y en la paralización de la última. Esto último fue el resultado de la vivencia que experimentó la sociedad colombiana de la destrucción del campo y de las pequeñas ciudades, del desplazamiento de miles de familias campesinas de sus lugares de trabajo, de las masacres indiscriminadas de la población rural, del terrorismo en las ciudades, del secuestro, de la destrucción de la infraestructura económica, de la miseria y pobreza de las mayorías, de la corrupción de los gobernantes y de la implementación de una política de impunidad frente a los grandes crímenes perpetrados por los diferentes actores de la violencia.

En la filosofía política contemporánea, en el ámbito de las teorías de la justicia, se han hecho una serie de investigaciones sobre la posibilidad de desarrollar teorías sobre el mal consistentes con las pretensiones universales de una moral positiva capaces de plantear una concepción de la naturaleza humana que piense no solamente el problema de la moralidad, sino también el asunto de la monstruosidad. Cuando en una sociedad se quiebran las condiciones más elementales de la justicia y la moralidad, la filosofía política debe tratar con el problema de cómo es viable superar la barbarie. Las reglas morales y de justicia mínima que se deben buscar deben servir para prevenir una maldad excesiva y para evitar que la atrocidad se extienda por toda la sociedad. El mal radical no puede prevenirse con teoría sustanciales de la justicia. Lo que es requerido en estas situaciones es una justicia básica mínima.

• Instituto de Filosofía, Universidad de Antioquia, E-mail: franciscocr@une.net.co

Este artículo hace parte del proyecto de investigación „Los límites de la justicia en sociedades bárbaras”, aprobado por el Centro de Investigación de la Universidad de Antioquia CODI. Código CODI: E01348 e inscrito en el Sistema de Investigación de la Universidad de Antioquia.
En las discusiones jurídicas, políticas y filosóficas, en el ámbito de las teorías de la justicia, se ha propuesto el concepto de justicia transicional como el tipo de justicia que se debe utilizar en situaciones transicionales, es decir, en situaciones en que una sociedad busca pasar de la barbarie a la mínima decencia. Una sociedad bárbara es una sociedad en la que se ha dado una completa o parcial ruptura de las reglas morales y en la cual no impera ningún principio moral que permita asegurar las mínimas condiciones de respeto de los principios básicos de justicia o de respeto a los derechos humanos fundamentales. Una sociedad mínimamente decente o justa es una sociedad gobernada por medio de reglas morales y jurídicas. La justicia transicional enfrenta las situaciones de transformación de una sociedad en las que domina la monstruosidad, pero en las que se busca salir del infierno, como escribe Rajeev Bhargava (Bhargava, 2000, p. 45-68).

El contexto preciso en el que la justicia transicional opera es, entonces, el de sociedades en las que se ha producido un completo o un parcial hundimiento de las reglas básicas de justicia y moralidad. Ejemplos de estas situaciones son, las dictaduras militares en Argentina, Chile y Uruguay, las guerras civiles en El Salvador y en Guatemala, la violencia terrorista de las guerrillas y del ejército peruano bajo el gobierno de Alberto Fujimori, o el período de violencia más extremo contra la sociedad civil y de violaciones de los derechos humanos, realizada por las organizaciones armadas de la guerrilla, los paramilitares y por algunos miembros del Estado en Colombia desde comienzos de la década del ochenta hasta inicios del siglo XXI.
De este modo, las preguntas centrales que me propongo formular y discutir en este ensayo y que hace parte de un complejo proyecto de investigación son: ¿puede la ley 975 de 2005 de “justicia y paz” hacer viable que la sociedad colombiana pueda pasar de la situación de la barbarie a la de mínima decencia? ¿Se puede afirmar que en Colombia hoy se plantea el asunto de la salida de nuestra sociedad de la situación de la barbarie, en virtud de la puesta en juego de un marco jurídico y de negociación política para tratar el fenómeno del paramilitarismo y de una política de fuerza para tratar con las guerrillas?

El proceso político que vivimos, marcado por una profunda polarización de la sociedad entorno a la figura del presidente, por el acecho de la Corte Suprema de Justicia al Congreso, por el quiebre de algunas de las más importantes instituciones del Estado como el Congreso de la República con 65 congresistas salpicados por la parapolítica, y la Fiscalía cuestionada por el silencio frente a casos tan decisivos como el caso Tasmania; con unas Fuerzas Armadas cuestionadas por corrupción, vínculos de algunos de sus miembros con el narcotráfico y el paramilitarismo, con los inciertos resultados de la ley de Justicia y Paz frente a las víctimas, con una propuesta del gobierno de crear un alto tribunal para juzgar a los parapolíticos, desconociendo a la Corte Suprema de Justicia, ha derivado en un panorama nacional en el que no se ve una salida a la situación en que cayó la sociedad colombiana, cuando ante la ausencia del Estado en muchas regiones y con el auge del paramilitarismo y el fortalecimiento de las guerrillas, entró en la senda de la monstruosidad, es decir, en la senda en la que se permitió que se cometieran graves violaciones de los derechos humanos y se llegará al más grande desastre humanitario en la historia de Colombia. Voy a comenzar presentando una interpretación de la historia de estos últimos años con el fin de explicar cómo la sociedad colombiana llegó al infierno, a lo que denomino aquí el más grande desastre humanitario en nuestra historia o la época de la barbarie total.

El terror y la violencia como formas de aniquilación de la política
En el contexto político colombiano de las últimas décadas del siglo pasado, la relación entre el terror, la violencia y la política se concretó en la aceptación cada vez mayor de los primeros y en la paralización de la última. La consecuencia de la paralización de la política se manifestó en una paralización de la sociedad. La parálisis de la sociedad, su inmovilidad, su terror, su desesperanza, su sentimiento de impotencia, su vuelta sobre sí misma para huir de la realidad, constituyen la paralización de la política. El triunfo de la violencia y el terror es el triunfo de la anti-política. La consecuencia de este triunfo es la negación de la política, lo que significa que el destino de nuestra sociedad, desde el punto de vista de la política, estuvo o está, según los más escépticos, en manos de quienes han detentado los instrumentos de la violencia, las máquinas de la guerra.

La política es, en este sentido, un juego de fuerzas entre quienes poseen estos instrumentos, estas máquinas. Para la política de la anti-política, a la sociedad, paralizada y aterrada, hay que moverla mediante la violencia y el terror hacia un extremo o hacia el otro, es decir hay que ganarse a la sociedad. Un ejemplo de esto es el fenómeno de la polarización de la sociedad entorno a la figura del presidente Uribe. La sociedad otorga legitimidad. Y la otorga cuando, desesperada por el peso de la violencia y el terror, acepta la propuesta de los actores de la política democrática y de la anti-política de ir hacia uno u otro extremo del espectro político. Así, de un lado, la legitimidad que ha conseguido el proyecto de la ultraderecha entre un amplio sector de la población, que se ha estructurado finalmente en una norma que otorga impunidad casi absoluta a los paramilitares, es resultado de que el proyecto paramilitar se mostró como la única fuerza capaz de frenar las pretensiones de las guerrillas. De otro lado, la legitimidad que las guerrillas reclaman −y que supuestamente concede otro grupo de la población− radica en que afirman ser la única fuerza capaz de transformar las inequitativas e injustas estructuras económicas, políticas y sociales, dominantes en el país. La legitimidad que surge de la parálisis de la sociedad no es más que expresión del triunfo de la violencia y el terror, no es legitimidad política, precisamente porque no es expresión de la autodeterminación política ni tiende a hacerla posible.

Los actores de la anti-política en Colombia, a saber, las guerrillas de las FARC y el ELN, los paramilitares, los miembros de las Fuerzas Armadas con vínculos con el paramilitarismo y el narcotráfico, los congresistas y políticos salpicados por la parapolítica, los grupos y fuerzas sociales de partidos, gremios, estamentos, empresas privadas, grupos de presión y organizaciones locales, que apoyaron y sostuvieron el proyecto paramilitar y el proyecto de las guerrillas, desarrollaron a lo largo de las últimas décadas del siglo pasado, cada uno de forma diferente, pero de manera calculada y racional, un proceso de dominación, sometimiento y control de la población en muchas regiones del país, proceso que puede ser analizado desde la perspectiva propuesta por Hannah Arendt en su estudio sobre el totalitarismo, en el sentido en que las orientaciones que lo determinaron estaban condicionadas por el propósito de obtener el apoyo y el consentimiento de estos grupos de la población mediante la utilización del terror. El efecto final de esta estrategia del terror, conseguido mediante el secuestro, la extorsión, la amenaza, el desplazamiento, fue el de paralizar políticamente a la mayoría de la sociedad, destruyendo su capacidad de acción, es decir, su capacidad política. Lo que habría que preguntarse aquí es si la sociedad colombiana efectivamente está librándose de esta parálisis de la política con las dos grandes marchas contra la violencia de los últimos meses y con la supuesta articulación de un proyecto político que enfrente la llamada hecatombe, anunciada por los ideólogos del proyecto de la seguridad democrática.

Así, para ver en una perspectiva distinta la situación política colombiana en estos últimos años, la hipótesis que propongo apunta a señalar que las estrategias de las distintas organizaciones armadas se unificaron en un punto, que es, precisamente, el de que su respectivo éxito depende de conseguir aislar a la mayoría de la población de la posibilidad de intervenir en los asuntos políticos comunes y determinantes. Para decirlo de otra manera, la evolución del conflicto interno mostró a los diferentes actores armados que el terror rinde más que la política. Hay que aniquilar la política para hacer que el terror sea el único instrumento que permita definir la lucha por el poder, parece ser la consigna que unificó a los distintos actores armados. Si se quiere sobrevivir como organización política, si se quieren garantizar el poder y el control sobre determinada región o grupo poblacional, es necesario perfeccionar los métodos del terror y de la violencia brutal contra los enemigos o contra la población civil que supuestamente los apoya. Esta es una lección histórica, es un imperativo que la dialéctica de la guerra ha impuesto en este país a los actores armados y que tiene sus raíces en la violencia de los años cincuenta, en los múltiples fracasos de los procesos de integración política que han sido negociados con el Estado y en la práctica de la guerra sucia implementada contra toda forma de organización política de la izquierda. Tanto los grupos guerrilleros como los paramilitares han mostrado a lo largo de los últimos años que conocen muy bien el sentido de esta lección histórica y que por eso su accionar fundamental está orientado a desarrollar un perfeccionamiento cada vez mayor de la utilización del terror como arma fundamental para mejorar su posición en la lucha por el poder, que en Colombia hoy quiere decir, en la lucha por el control de determinadas regiones y grupos poblacionales y, que puede avanzar hacia el control de los grandes centros urbanos, utilizando incluso las instituciones democráticas, como lo hicieron los paramilitares en sus zonas de influencia, fenómeno que hoy podemos apreciar muy claramente con el destape de la parapolítica. Así, aniquilar la política, convirtiéndola en una actividad de puro espectáculo y sobredimensionar el terror y la violencia, han sido los efectos más terribles de las estrategias de las organizaciones armadas ilegales, de unas Fuerzas Armadas con vínculos con el paramilitarismo y de una clase política comprometida con la ilegalidad, y es el punto en el cual todas ella convergieron y en el que creyeron ver garantizado el éxito de sus respectivas finalidades. Con la consolidación del proceso de negociación con los paramilitares y los débiles resultados de la Ley de Justicia y Paz frente a las víctimas, se puede apreciar que son realmente los paramilitares quienes hoy pueden decir que el terror les ha permitido garantizar el éxito de sus finalidades políticas.

Al establecer que en Colombia experimentamos hoy un fenómeno como el que Arendt caracteriza en términos de la aniquilación de la política, el cual aquí se manifiesta en la incapacidad de la sociedad frente a la imposición de las pretensiones de los actores armados, intento identificar una tendencia en la confrontación armada, tendencia que se caracteriza por el uso que hacen los actores armados, guerrillas y paramilitares, de los instrumentos del terror para doblegar a la población e imponer sus respectivas aspiraciones de poder y dominio. En este sentido, se trata aquí de desentrañar la lógica que se oculta en las estrategias de guerra de las organizaciones armadas ilegales de Colombia en las últimas décadas. De una vez quiero advertir que no pretendo igualar las prácticas de las organizaciones terroristas orientadas por Stalin y Hitler con las prácticas de las organizaciones armadas de Colombia de ultraderecha y de ultraizquierda. Hay similitudes y se pueden establecer ciertas analogías, pero los fenómenos políticos del nazismo y el estalinismo son fenómenos muy diferentes del acontecimiento de la política del terror impuesto en nuestra sociedad por los actores ilegales.

Para realizar esto, voy a exponer primero como Arendt en Los orígenes del totalitarismo analiza los procesos por medio de los cuales los gobiernos totalitarios consiguieron la completa aniquilación de la política. En segundo lugar, expondré, a partir del análisis de Arendt, la manera como las organizaciones armadas ilegales en Colombia han obtenido propósitos similares.
1) En su libro sobre el totalitarismo Arendt introduce al gobierno totalitario como una nueva forma de gobierno distinta a los tipos clásicos de la república, la monarquía y la tiranía, y con ello señala dos cosas. Primero, que el totalitarismo como forma de gobierno es un fenómeno nuevo en la historia, específico del siglo XX, y en particular, diferente de la dictadura y la tiranía. Segundo, que al totalitarismo como forma de gobierno le corresponde una forma de experiencia básica de los hombres, la cual está determinada por el aislamiento de la realidad y por el aislamiento de la vida política. Voy a tratar solo esto último.

El aislamiento de la realidad es producido mediante la auto coacción del pensamiento ideológico, el cual arruina todas las relaciones con la realidad, destruyendo en los hombres la capacidad para el pensamiento. “El objeto ideal de la dominación totalitaria, escribe Arendt, no es el nazi convencido o el comunista convencido, sino las personas para quienes ya no existe la distinción entre el hecho y la ficción, (es decir, la realidad de la experiencia) y la distinción entre lo verdadero y lo falso (es decir, las normas del pensamiento)”.1 Para conseguir este aislamiento de la realidad, los gobiernos totalitarios se valieron de la ideología: los nazis de la lucha de razas como ley de la naturaleza y los comunistas de la lucha de clases como ley de la historia. La ideología fue en ambos casos el instrumento que hizo posible la preparación de los hombres con el fin de hacerlos aptos para realizar el papel de ejecutores de las leyes raciales o históricas.

En correspondencia con la destrucción de la capacidad para el pensamiento, el gobierno totalitario buscó, en segundo lugar, destruir la capacidad política, para así aniquilar en el hombre la posibilidad de construir relaciones con los otros hombres. Se trataba de aislar al hombre de la realidad que podía tener en su experiencia del mundo y de hacerle perder el contacto con sus semejantes. La forma del aislamiento político conseguida por el totalitarismo se diferencia de la que se obtiene en la tiranía y el despotismo en que en estos últimos, −aunque son limitadas las capacidades para la acción y el poder−, los hombres conservan intacta su esfera privada, es decir, sus capacidades para la experiencia, la fabricación y el pensamiento, los tres componentes esenciales de la condición humana. En el totalitarismo, por el contrario, “el anillo de hierro del terror total no deja espacio para semejante vida privada y la auto coacción de la lógica totalitaria destruye la capacidad del hombre para la experiencia y el pensamiento tan seguramente como su capacidad para la acción.”2 Aislar políticamente al hombre consiste en matar en el hombre la elemental confianza en el mundo que se necesita para realizar experiencias. Si se destruye la base sobre la cual el hombre confirma la validez de sus propias experiencias, es decir, nuestro sentido común, “el hombre pierde la confianza en el sí mismo como compañero de sus pensamientos y esa elemental confianza en el mundo que se necesita para realizar experiencias. El sí mismo y el mundo, la capacidad para el pensamiento y la experiencia, se pierden al mismo tiempo”.3

Al hacer imposible la experiencia del pensamiento que se da en la vida solitaria, se produce la soledad, como experiencia de no pertenecer en absoluto al mundo. La soledad está estrechamente relacionada con el des- arraigamiento y la superfluidad. “Estar desarraigado significa no tener en el mundo un lugar reconocido y garantizado por los demás; ser superfluo significa no pertenecer en absoluto al mundo. El desarraigamiento puede ser la condición preliminar de la superfluidad, de la misma manera que el aislamiento puede ser (aunque no lo sea forzosamente) la condición preliminar de la soledad”.4 De este modo, Arendt afirma que a la forma de gobierno totalitaria le corresponde una experiencia básica de la vida humana sobre la cual descansa, la cual se puede describir por medio de las experiencias de aislamiento anteriormente descritas. Para el nazismo como para el estalinismo, los objetivos de aislar al hombre de la realidad y de la vida política consistieron en lograr la dominación total, para lo cual debieron liquidar

1 Hannah Arendt, Los orígenes del totalitarismo, Parte III: Totalitarismo, Alianza Editorial, Madrid, 1999, p. 700.
2 Hannah Arendt, Los orígenes del totalitarismo, Op. Cit., 701.
3 Hannah Arendt, Los orígenes del totalitarismo, Op.cit., 704.
4 Hannah Arendt, Los orígenes del totalitarismo, Op.cit., 702.
toda espontaneidad y perseguirla hasta en sus formas más particulares. Para preparar, conducir y adaptar a las masas a las condiciones políticas de la dominación total fue necesario un proceso, que Arendt presenta en tres pasos, la muerte en el hombre de la persona de derecho, el asesinato de la persona moral y la destrucción de la individualidad, proceso que culmina en la fabricación en masa de cadáveres en los campos de concentración, realizada por la SS de Hitler y por la policía política de Stalin, y justificada por quienes a lo largo de este proceso habían perdido sus capacidades de pensamiento y de acción, por los ciudadanos del Estado totalitario, los cadáveres vivientes.
Así, primero, matar en el hombre la persona de derecho significa eliminar la vinculación entre el concepto de ser humano y los derechos del hombre. Tanto el nazismo como el estalinismo consiguieron esto a través de la destrucción de los derechos civiles de toda la población. Este proceso se inició poniendo a ciertas categorías de personas, en virtud de su pertenencia a ciertos grupos, fuera de la protección de la ley, como se hizo con los judíos, los delincuentes, elementos asociales, los transgresores religiosos y los políticos de la oposición; se desarrolló mediante el aislamiento de estos grupos del sistema penal normal y de los procedimientos normales de judicialización, como sucedió en los campos de concentración; y culminó con la aceptación del abandono de los derechos políticos por parte de la totalidad de la población, como sucedió en Alemania en la época del dominio de Hitler y en la Unión Soviética, bajo el dominio de Stalin. “El propósito de un sistema arbitrario es destruir los derechos civiles de toda la población, que en definitiva se torna tan fuera de la ley en su propio país como los apátridas y los que carecen de un hogar. La destrucción de los derechos del hombre, la muerte en el hombre de la persona jurídica, es un prerrequisito para dominarle enteramente. Y ello se aplica no sólo a categorías especiales, tales como las de delincuentes, adversarios políticos, judíos, homosexuales, sobre quienes se realizaron los primeros experimentos, sino a cada habitante de un Estado totalitario.”5
Segundo, el asesinato de la persona moral significa la corrupción total de toda solidaridad humana, propósito que se obtuvo a través de hacer imposible el dolor y el recuerdo y de hacer irrealizable en ciertas situaciones la ejecución de acciones moralmente buenas. “Los campos de concentración tornaron en sí misma anónima la muerte (haciendo imposible determinar si un prisionero está muerto o vivo), privaron a la muerte de su significado como final de una vida realizada. En cierto sentido arrebataron al individuo su propia muerte, demostrando con ello que nada le pertenecía y que él no pertenecía a nadie. Su muerte simplemente pone un sello sobre el hecho de que en realidad nunca había existido”.6 Sin embargo, el más terrible triunfo del terror totalitario se consiguió al hacer imposible guiarse por la conciencia individual en la toma de decisiones y poder realizar acciones correctas. “Cuando un hombre se enfrenta con la alternativa de traicionar y de matar así a sus amigos o de enviar a la muerte a su mujer y a sus hijos, de los que 5 Hannah Arendt, Los orígenes del totalitarismo, Op.cit., 669.

6 Hannah Arendt, Los orígenes del totalitarismo, Op.cit., 671.
es responsable en cualquier sentido; cuando incluso el suicidio significaría la muerte inmediata de su propia familia, ¿cómo puede decidir? La alternativa ya no se plantea entre el bien y el mal, sino entre el homicidio y el homicidio”, escribe Arendt.7

Y tercero, la destrucción de la individualidad consiste en la eliminación de la persona humana, propósito que se obtuvo a través de la manipulación fría y sistemática de los cuerpos humanos en los campos de concentración, calculada para destruir la dignidad humana. El propósito buscado mediante los distintos métodos del terror, el transporte a los campos, el bien organizado shock de las primeras horas, el rasurado de la cabeza y las torturas, era destruir de tal manera la persona humana como lo consiguen ciertas enfermedades mentales de tipo orgánico. Así, mediante la muerte en el hombre de la persona de derecho, el asesinato de la persona moral y la destrucción de la individualidad, los gobiernos totalitarios consiguieron liquidar toda posibilidad de acción, al convertir a la totalidad de los hombres en simples cosas sin el más ligero rasgo de libertad. “El ciudadano “modelo” de un Estado totalitario es el haz de reacciones que puede ser siempre liquidado y sustituido por otro haz de reacciones que se comporten exactamente de la misma manera.”8 Éste es, como también Arendt lo denomina, “un cadáver viviente”, un sujeto que ha perdido la conciencia de su pertenencia a una comunidad política, que ha perdido el sentido y significado de ser una persona con derechos civiles y políticos, una persona moral y un ser humano con dignidad.

2) Según Arendt, en las sociedades modernas el proceso por medio del cual se consiguió destruir la capacidad política estuvo precedido por el surgimiento de lo social; esto es, el constante crecimiento de la esfera privada y el declive de la esfera pública. El encauzamiento de lo social hacia la esfera pública no solamente produjo la destrucción de la praxis constitutiva de la libertad pública, sino que además organizó el piso socio-cultural para la llegada del totalitarismo.9 La preparación de las condiciones socio-culturales para el asentamiento de la política de la anti política en Colombia fue precedida por un proceso, que podemos denominar como el desarraigo social de la actividad política, el cual se origina históricamente con la forma particular de la superación de la violencia de los años cincuenta mediante el establecimiento del Frente Nacional.10 Este proceso se manifiesta en tres fenómenos, la reducción del sistema político a una mecánica clientelista, el tratamiento militar de los reductos campesinos derivados de la época de la violencia que luchaban contra el Estado, y el uso casi permanente del estado de excepción. De este modo, se puede afirmar, sin poder presentar aquí una mayor fundamentación de esta idea, que el piso socio-cultural que ha llevado a la aniquilación de la política en Colombia fue preparado inicialmente por el Frente Nacional y por la práctica de distribución del poder político entre los
7 Hannah Arendt, Los orígenes del totalitarismo, Op.cit., 671.
8 Hannah Arendt, Los orígenes del totalitarismo, Op.cit., 676.
9 Hannah Arendt, La Condición Humana, Paidós, Barcelona, 1993.
10 Mauricio García Villegas, “Estado, derecho y crisis en Colombia”, en Estudios Políticos, No. 17, 2000, Medellín, p. 11-46.
partidos dominantes que le siguió a este período y por la forma de distribución del poder económico entre las élites dominantes. Esta estrategia institucional ideada por las élites nacionales hizo posible, junto con otros factores como el crecimiento del narcotráfico, que a partir de la década del ochenta y hasta los primeros años del siglo XXI, el escenario de la política en Colombia fuera ocupado y determinado en gran medida por las organizaciones armadas de las guerrillas y los paramilitares. Así como los gobiernos totalitarios de la Alemania nazi y de la Rusia estalinista buscaron en la fase final de la dominación total aislar completamente al hombre de la realidad y de la vida política, así también las organizaciones armadas en Colombia, guerrillas y paramilitares, han conseguido lo que Arendt tipifica en su estudio sobre el fenómeno totalitario, como la aniquilación de la capacidad política. Voy a presentarlo así con la advertencia de que no estoy buscando igualar las prácticas de las organizaciones terroristas orientadas por Stalin y Hitler con las prácticas de las organizaciones armadas de Colombia de ultraderecha y de ultraizquierda.

Con el secuestro, la extorsión, el asesinato selectivo, la destrucción total de pequeñas poblaciones realizadas por las guerrillas, y con el uso indiscriminado del terror contra la población civil, las masacres de campesinos, el asesinato de líderes sindicales, profesores universitarios, periodistas y defensores de los Derechos Humanos, realizados por los paramilitares, se ha dado en este país lo que Arendt denomina el aniquilamiento de la persona de derecho, que significa destruir los derechos civiles de toda la población. Tanto a los grupos sociales más ricos, a los medianamente acomodados, así como a los pequeños campesinos y a los colonos que habitan en zonas de conflicto, se les han vulnerado derechos civiles fundamentales, entre otros, el de propiedad, el derecho a la libertad de movimiento, el derecho a la libre expresión del pensamiento y el derecho a la vida, por unos y otros de los actores armados. En virtud de la pertenencia a ciertos grupos económicos y sociales, como es el caso de los grandes y medianos propietarios, o de los campesinos y colonos, que supuestamente apoyan a los grupos guerrilleros o a los paramilitares, fueron quedando los miembros de estos grupos fuera de la protección de la ley. Al ser definida una persona o un grupo de personas como objetivo militar de los paramilitares o de las guerrillas en virtud de su posición económica y social, o por incumplimiento de un pago establecido mediante amenazas, o por el supuesto apoyo que le dan a unas u otras de las organizaciones armadas, pierden ellas automáticamente sus derechos civiles. Perder los derechos significa perder la protección del Estado, quedar fuera del amparo de la ley. Perder el derecho a disponer de la propiedad según la libre voluntad de cada persona significa que no existe más un Estado que garantice una de las condiciones mínimas de la libertad. Perder los derechos sobre sus pequeñas parcelas y enseres, como sucede con los millones de campesinos desplazados por la violencia, significa perder, “todo el entramado social en que habían nacido y en que habían establecido para sí mismos un lugar diferenciado en el mundo.”11
11 Hannah Arendt, Los orígenes del totalitarismo, ParteII: Imperialismo, Alianza Editorial, Madrid, 1999, p. 426.
Si el perfeccionamiento y racionalización de las estrategias de guerra de las organizaciones armadas ilegales ha tenido éxito, lo podemos ver en la forma cómo consiguieron poner fuera del amparo ley y de la efectiva protección del Estado a amplios grupos de la población. Si de un lado, las organizaciones guerrilleras consiguieron, por lo menos hasta el inicio de la política de seguridad democrática, poner en jaque el funcionamiento del sistema del mercado en muchas regiones del país, al afectar básicamente el derecho de propiedad y la movilidad de la mayoría de los colombianos en las carreteras del país, de otro lado, los paramilitares han logrado convertir a los desplazados en personas que ya no pertenecen a comunidad alguna. Los desplazados son, entonces, desarraigados porque no tienen en el mundo un lugar reconocido y garantizado por los demás.

Las mismas prácticas destructivas que han minado la persona de derecho han servido para aniquilar la persona moral. Así como se llevó a los prisioneros en los campos de concentración alemanes a que las alternativas entre sus decisiones no se planteaban entre el bien y el mal, sino, entre el homicidio de sus amigos o el homicidio de su familia, de manera similar han sido sometidas en Colombia una gran cantidad de personas. Para muchos individuos pertenecientes a poblaciones que estuvieron doblegadas por la influencia de los grupos guerrilleros o que estuvieron sujetas al dominio de los paramilitares, decisiones fundamentales suyas dependían de este tipo de alternativa. Para obtener la protección de un grupo armado y así salvar la propia vida muchas personas en diferentes regiones del país se han visto forzadas a denunciar a los propios vecinos, amigos y familiares por apoyar o pertenecer al otro bando, condenándolos a una muerte segura o al desplazamiento. Para evitar la calificación de partidario de la guerrilla o de los paramilitares es mejor no expresar ninguna opinión sobre las actuaciones de las organizaciones armadas. A esta presión han estado y están hoy aún sometidos los periodistas, los intelectuales, los investigadores sociales, los estudiantes y profesores universitarios, las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, la Iglesia y las ONG´S. Si por medio del terror se produce esta situación asistimos a lo que Arendt denomina corrupción de la solidaridad humana, al asesinato de la persona moral.

Estas prácticas destructivas que han minado la persona de derecho y la persona moral han servido también para aniquilar la individualidad y dignidad humana. El propósito buscado mediante la creación de campos de concentración para los militares y policías capturados en combate y los políticos secuestrados por las FARC, las masacres indiscriminadas de la población campesina, es el de destruir completamente la persona humana, convirtiéndola en un ser sin ninguna orientación en el mundo, es decir, en un ser que ha perdido la elemental confianza en el mundo y en sus semejantes, la cual se necesita para realizar experiencias del mundo. Con la destrucción de la persona de derecho, la persona moral y la individualidad, las organizaciones armadas ilegales en Colombia han conseguido, lo que Arendt tipifica en su estudio sobre el fenómeno totalitario, como la aniquilación de la capacidad política. El tipo de sujeto que se produce en esta situación es un sujeto que ha perdido la conciencia de su pertenencia a una
comunidad política, que ha perdido el sentido y significado de ser una persona con derechos, una persona moral y un ser humano con dignidad.

La similitud entre las prácticas de las organizaciones terroristas orientadas por Stalin y Hitler y las de las organizaciones armadas de Colombia se puede apreciar en la forma como estas últimas han evolucionado en los últimos años al definir sus respectivas estrategias desde la perspectiva del perfeccionamiento del terror. Cada bando ha respondido a las acciones del otro de forma cada vez más calculada, más instrumental. Así, lo que se ha ido imponiendo es el perfeccionamiento de las máquinas de guerra, realizado mediante el ensañamiento sobre la población civil y en los últimos tiempos con la amenaza de volver al ensañamiento si no se aceptan las condiciones de una paz dictada por los paramilitares. Este ensañamiento se puede apreciar en el resurgimiento del paramilitarismo con las nuevas bandas de las Águilas Negras, los ataques contra las organizaciones de víctimas, el asesinato de algunos de sus más importantes dirigentes y el asesinato de líderes sindicales por participar en la organización de la marcha contra el paramilitarismo. De este modo, la eliminación de la política sirve al fin del fortalecimiento de las máquinas de guerra, fortalecimiento que conseguido mediante el terror, asegura que solamente el terror y no la política, define la relación de fuerzas entre los grupos enfrentados.

3) ¿Existe en estas condiciones alguna posibilidad para constituir lo político en Colombia, dicho en los términos de este artículo, para salir de la barbarie? Voy a intentar dar una respuesta a esta cuestión tratando las preguntas formuladas al inicio, a saber: ¿puede la ley 975 de 2005 de “justicia y paz” hacer viable que la sociedad colombiana pueda pasar de la situación de la barbarie a la de mínima decencia? ¿Se puede afirmar que en Colombia hoy se plantea el asunto de la salida de nuestra sociedad de la situación de la barbarie, en virtud de la puesta en juego de un marco jurídico y de negociación política para tratar el fenómeno del paramilitarismo y de una política de fuerza para tratar con las guerrillas?
En relación con la primera pregunta podemos mostrar en el actual momento las grandes limitaciones de la ley de Justicia y Paz frente a las víctimas. Esto se puede hacer examinando los resultados de la aplicación de la ley, relacionados con justicia, verdad y reparación. Así, las preguntas son: ¿Qué tanta verdad, qué tanta justicia y qué grado de satisfacción de las pretensiones de reparación se han conseguido hasta el momento?
La pretensión de verdad inscrita en la ley 975 de 2005 de “justicia y paz” es buscar no solamente establecer la verdad sobre las injusticias pasadas, las atrocidades cometidas y reversar el silencio y la negación de los años del conflicto interno, sino también, buscar que los perpetradores de las graves injusticias admitan el conocimiento de los hechos criminales y asuman su responsabilidad política y moral. Estos son dos procesos de la verdad que están estrechamente relacionados pero que hay que diferenciar. Una cosa es la “verdad fáctica”, que es significante en los procesos de esclarecimiento de los hechos particulares y de las circunstancias bajo las que se dieron las graves violaciones de los derechos humanos; otro cosa es la “verdad como reconocimiento”, que implica el reconocimiento público de las atrocidades políticas y de las violaciones de los derechos humanos por parte de los perpetradores.

12 La “verdad fáctica”, es un proceso, que en el marco de esta ley, se desarrolla de acuerdo con los mecanismos judiciales de reconstrucción de la verdad establecidos en ella. Los más de 3.257 postulados para Justicia y Paz están recluidos en establecimientos penitenciarios de reclusión ordinarios y aproximádamente 1.000 paramilitares están en estos momentos en versiones libres ante los Tribunales de Justicia y Paz. Sin embargo, no hay, aun, información pública sobre el estado jurídico de cada uno de los procesos abiertos a los paramilitares acogidos a la Ley 975, para contrastar adecuadamente con los deberes de justicia, verdad y reparación. Hay información poca y muy parcial de prensa, y de unos muy pocos casos en los que están actuando ONG´s, pero no información de la complejidad de los procesos, de las pruebas recogidas, de la totalidad de hechos establecidos y de lo que la Fiscalía ha reconstruido en términos de verdad histórica. De igual manera las víctimas han acudido a presentar denuncias ante la Fiscalía, pero no hay posibilidad, todavía, de acceder a las declaraciones que cientos de victimas han hecho ante este ente jurisdiccional. Esto sólo se podrá hacer cuando se dicten las sentencias y los expedientes entren a formar parte de los archivos de memoria.

13 Ahora bien, aunque esta valoración de la „verdad fáctica“ no se puede hacer todavía, si se puede valorar lo que está sucediendo a travéz de recurrir a lo que han dicho algunos medios de comunicación y ONG´s que luchan por los derechos de las víctimas. Así, se puede afirmar, de acuerdo con esto último, que el inicio de los procedimientos de declaración libre sobre los hechos delictivos de los principales jefes paramilitares ha estado marcado por una clara estrategia de tergiversación, omisión y falsedad. A través de inculpar a personas muertas de las acciones criminales, de negar su participación directa o indirecta en homicidios, masacres y desplazamientos, de negar en muchos casos el conocimiento sobre el sitio de las fosas comunes y de afirmar que su trabajo en la organización había sido estrictamente político, varios de los más importantes jefes paramilitares han buscado tender un manto de silencio en torno a las muertes de decenas de personas en sus respectivas zonas de influencia. Esto quiere decir que aunque las revelaciones sobre asesinatos, desapariciones y torturas son muchas, (la Fiscalía dio hace más de un mes la cifra de 300.000 hechos, entre desapariciones, ejecuciones, masacres), el hecho de que se busque inculpar a personas muertas y negar la responsabilidad por muchos crímenes, indica que los jefes del paramilitarismo no están dispuestos a decir la verdad sobre todos sus 12 Este punto, hecho por Thomas Nagel en una conferencia auspiciada por el Aspen Institute, se ha vuelto famoso en la literatura sobre justicia transicional. Citado en Lawrence Weschler, “Afterword”, en: State Crimes, Punishment or Pardon, Washington, D.C., 1989, pág. 93. Véase también: Pablo de Greiff, “Justice and reparations”, Op.cit., pág. 460. André Du Toit “The moral fundations of the South Africa TRC, Op.cit., pág. 132. Catalina Díaz Gómez, “La reparación de las víctimas de la violencia política en Colombia: problemas y oportunidades”, en: Camila de Gamboa (Editora), Justicia transicional: teoría y praxis, Op.cit., 518-551.

13 Agradezco a Tatiana Rincón las sugerencias e indicaciones sobre este punto.
crímenes. Pero, además de esto, parece que los paramilitares tampoco están dispuestos a contribuir con una completa reparación de las víctimas ni a desmontar las estructuras paramilitares. Según la Comisión Nacional de Reparación, de los postulados para Justicia y Paz, tan sólo 12 han entregado bienes al Fondo de Reparación y estos bienes son más una ofensa que una pretensión de reparación: 4.518 vacas, 19 caballos, 70 pares de zapatos, 652 prendas de vestir en regular estado y un averiado televisor de 29 pulgadas. Si se tuviera que reparar a las 125.368 víctimas registradas con lo que sus victimarios le han entregado al Estado, a cada una le corresponderían apenas 7.000 pesos.

Así pues, el establecimiento de la “verdad fáctica” está lejos de poder obtenerse en Colombia porque el proceso de develar la verdad sobre los años de barbarie está sometido a fuertes restricciones.14 Sin que se pueda establecer la “verdad fáctica” no puede darse el segundo paso, a saber, la “verdad como reconocimiento”, paso que haría viable el reconocimiento público por parte de los grandes criminales de su responsabilidad en semejante desastre humanitario. Cuando en una sociedad es imposible articular estos dos procedimientos de la verdad, lo que sucede en esta sociedad es que no se quiere reconocer lo que le sucedió a las víctimas. Cuando se pretende que las víctimas olviden las injusticias del pasado, de lo que se trata es de negarle a la víctima el reconocimiento por el sufrimiento y el daño causado. Negarle esto a la víctima es en realidad una orden de no recordar públicamente las pasadas injusticias, es negarle a la víctima, en términos de Thomas Nagel, que “entre a formar parte de la esfera pública cognitiva”.15 Contar la verdad sin que haya reparaciones, procesamientos judiciales, ni reforma institucional, convierte a las historias y a las explicaciones de las víctimas en un gesto vacío, en “palabrería barata”.16 En estos casos la cuestión no es tanto la de una carencia de conocimiento, sino la de negar la existencia de las atrocidades políticas. Esto es un problema de poder político. De un lado, la sociedad en general y las víctimas en particular tienen un amplio conocimiento de los hechos particulares y de las circunstancias bajo las que se dieron las graves violaciones de los derechos humanos, pero de otro lado, se niega el reconocimiento público por parte de los perpetradores. Los daños morales que son negados públicamente terminan desmoralizando a la víctima y destruyendo su propio sentido del respeto. Como dice Jeffry G. Murphy, cuando una persona es dañada, ella recibe un mensaje de marginalidad e irrelevancia. El malhechor comunica mediante su acto criminal que la víctima no cuenta para nada. Pero si además se exige a las víctimas que olviden los daños del pasado, la consecuencia para las víctimas es que ellas son tratadas como si no se les hubiese hecho un daño, como si ellas no debieran tener por esto ningún resentimiento.17 El llamado a olvidar y negarle a la víctima el reconocimiento por el sufrimiento y el daño causado refuerza la pérdida de la autoestima en la víctima.

14 Esto sin considerar que no hay perspectivas de negociación con los actores armados de la guerrilla.
15 Thomas Nagel “Afterword”, Op.cit., pág. 93.
16 Pablo de Greiff, “Justice and reparations”, Op.cit., pág. 461.
17 Murphy, J.G., Hampton, J., Forgiveness and Mercy, Cambridge, Cambridge University Press, 1988, cap. 1 y 3.
Para las víctimas esto es un redoblamiento de la violación física. A la víctima se le comunica, primero, mediante la violación física que ella no cuenta para nada, y que su dolor real, el sufrimiento y el trauma que lo acompañan son irrelevantes. La violación política consiste, segundo, en la negación pública del reconocimiento de la primera violación física. Esto equivale a una negación de la dignidad humana y cívica de las víctimas. Mediante esto los perpetradores establecen las condiciones de su poder. Bajo estas condiciones ellos sienten que pueden cometer todo tipo de atrocidades, continuar haciéndolo con impunidad, y vivir con la seguridad de que tales daños pueden ser infligidos sin resistencia en el futuro.

Para una sociedad que busca salir de la barbarie constituye por tanto una prioridad política insistir en procesos de reconocimiento público de las atrocidades políticas y de las violaciones de los derechos humanos. Esta forma de reconocimiento es importante precisamente porque constituye una forma de reconocer el significado y el valor de las personas como individuos, como ciudadanos y como víctimas.18 En este sentido, comisiones de verdad o mecanismos judiciales de reconstrucción de la verdad, que sean capaces de convertir el ejercicio de develar la verdad en un instrumento apto para promover las investigaciones criminales, pueden jugar un papel muy importante. “Solamente a través de recordar es posible restaurar la dignidad y el respeto de las víctimas”, escribe Rajeev Bhargava.19 Olvidar no es una buena estrategia para sociedades que transiten hacia la consolidación de instituciones democráticas o que busquen la paz. Fallar en no reconocer las injusticias del pasado conduce a las sociedades a producir ciclos de desconfianza, odio y violencia. El propósito de recordar públicamente daños específicos es hacer que los perpetradores admitan el conocimiento y asuman la responsabilidad por los crímenes cometidos por ellos. Así, el reconocimiento de que se cometieron graves daños en el pasado, que mucha gente fue severamente victimizada y que individuos, grupos y comunidades enteras han sido identificados como responsables por esos crímenes hace posible la restauración de la dignidad humana y civil de las víctimas, el surgimiento de un nuevo orden moral y da a las víctimas la confianza requerida para entrar como participantes normales del orden político emergente. Así, para desarrollar una confianza en el proceso de transición de la barbarie a la sociedad decente es definitivo que las graves injusticias cometidas en el pasado sean reconocidas públicamente como graves injusticias, como males morales, y que los perpetradores de esos daños reconozcan su completa responsabilidad por sus actos criminales. De este modo, la justicia requiere de un procedimiento de reconocimiento público en un sistema judicial que funcione realmente, para restaurar la dignidad humana de las víctimas e imponer medidas adecuadas de responsabilidad a los perpetradores.

18 Véase: Pablo de Greiff, “Justice and reparations”, en: The Handbook of Reparations, Oxford, Oxford University Press, 2006, pág. 460.
19 Rajeev Bhargava “Restoring Decency to Barbarie Societies”, Op. cit., pág., 53.
Hemos pues señalado las limitaciones del marco jurídico y de negociación política para tratar el fenómeno del paramilitarismo. Ahora se trata de señalar también las limitaciones de la política diseñada en los últimos años para tratar con las guerrillas.

Esta política está establecida en la doctrina de la seguridad democrática del gobierno de Alvaro Uribe y sigue las orientaciones y parámetros sobre la guerra y el terrorismo planteados por la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Según esta doctrina, las FARC y el ELN deben ser consideradas organizaciones terroristas porque han utilizado armas no convencionales contra la población civil, se han aliado con las mafias de la droga, han secuestrado miembros de la sociedad civil y extranjeros, y cometido crímenes de guerra y genocidio. La calificación de terroristas, confirmada por la ONU, le permite a un Estado que lucha contra el terrorismo pasar en determinadas circunstancias de una concepción reactiva a una concepción proactiva del derecho de legítima defensa. Esto quiere decir que un Estado puede desconocer los derechos y libertades de sus ciudadanos si se presume la presencia de grupos terroristas o se presume el apoyo y financiación del terrorismo por parte de partidos políticos, ONG´s, sectores de la iglesia o de la academia. (Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, p. 1509). Pero la consecuencia negativa para la constitución de lo político que resulta de criminalizar a estas organizaciones guerrilleras como terroristas es que ciertamente se cierra toda posibilidad para la política. Criminalizarlas como terroristas quiere decir que ellas están fuera del espacio de lo político y de la guerra. Ellas han perdido las características del enemigo político y están fuera del espacio en que la guerra se debe dar de acuerdo con las reglas de la guerra, que son reglas de la justicia en la guerra. Así, al criminalizar el enemigo político la única alternativa que queda es exterminarlo. Cuando al enemigo se lo criminaliza se cierra de hecho toda posibilidad para la política. La negativa del gobierno de Uribe de buscar una solución política al problema guerrillero tiene que ver con esto. Así, el programa de la política de seguridad democrática es exterminar hasta el último terrorista. Ahora bien, no solamente la doctrina de seguridad democrática impide las posibilidades de la política. Las FARC y el ELN cerraron ellas mismas el espacio de lo político y lo hicieron utilizando métodos terroristas en una infinidad de acciones bárbaras y genocidas que han cometido contra la sociedad colombiana, aliándose con las mafias de la droga, secuestrando y sometiendo a sus secuestrados y prisioneros de guerra a graves vejámenes y humillaciones.

Así pues, la perspectiva de constituir lo político en Colombia es muy difícil de realizar en las actuales condiciones del conflicto debido precisamente a las cada vez mayores limitaciones que tiene la confrontación política frente al dominio abarcante que ha adquirido la confrontación puramente militar. Como he señalado en otro lugar en forma más amplia,20 en Colombia hay, de un lado, quienes
20 Véase: Cortés, F., “Colombia: democracia o dictadura”, en: Colombia, Democracia y Paz, A. Monsalve, E. Domínguez (Ed.), Universidad de Antioquia, Universidad Pontificia Bolivariana, Instituto de Filosofía del CSIC, Medellín, 1999, p. 327-365.
afirman que debido a la profunda crisis política, social y económica que desde hace varias décadas se da, la participación democrática, es más un obstáculo que un medio útil para salir del abismo. Para ganar la guerra y alcanzar la paz se requiere establecer un poder fuerte que funde un Estado, es decir, que establezca una estructura común de autoridad la cual incorpore y someta a todos los ciudadanos que habitan en el territorio colombiano. Se trata con esta justificación del Estado de eliminar el dispositivo democrático del ejercicio de la libertad política con el fin de asegurar a algunos las libertades civiles, particularmente, el derecho a la propiedad y la libertad contractual. Algunos defensores de posiciones de ultraderecha, quienes le han apostado a organizaciones paramilitares, o a una solución autoritaria, se cuentan entre los miembros de este grupo. El problema de su acción política es que en el intento de crear las condiciones para que haya orden y seguridad, desataron en los últimos años en su tentativa por destruir a su enemigo verdadero, la guerrilla, una guerra total contra la población civil, especialmente contra la población campesina; guerra que se extiende a todos aquellos que cuestionan las prácticas monstruosas del paramilitarismo, los excesos de los militares y la policía y los descuidos del Estado en la protección de los derechos humanos.

De otro lado, hay quienes afirman, entre otros las guerrillas, que la posibilidad de superación de los graves problemas de la sociedad colombiana depende de la eliminación de las causas económicas y sociales que producen la pobreza y miseria de las mayorías, es decir, que depende de la creación de unas condiciones políticas que hagan viable la realización de un proceso de redistribución del poder político, económico y social. La verdad que afirman y que dicen encarnar se convierte, sin embargo, en problemática, precisamente, porque se autocomprenden como representantes de la voluntad soberana del pueblo, o mejor, de sus sectores más pobres, y como únicos interpretes de su voluntad, la cual tienen como misión realizar por la fuerza de las armas. El problema de la acción política de las guerrillas en Colombia es que en su intento por combatir a su enemigo, −un Estado ineficiente, clientelista, corrupto, comprometido por graves violaciones de los derechos humanos, −, desataron en los últimos años una guerra total contra sectores importantes de la población civil, mediante el secuestro, la extorsión y el uso indiscriminado del terrorismo.

Así, tenemos pues que con el dominio abarcante que ha cobrado la confrontación puramente militar lo que se está perfilando, para decirlo en términos de Carl Schmitt, es la oposición decisiva, es decir, la agrupación efectiva de los hombres de una sociedad en amigos y enemigos. Esto es lo que algunos analistas políticos denominan la profunda polarización de la sociedad en torno a la figura del presidente. Así, la oposición decisiva, que según Carl Schmitt determina lo político, se concreta en Colombia en la oposición decisiva entre los amigos de la seguridad democrática y en sus enemigos, que son el terrorismo representado por las FARC y todos aquellos que no son amigos de la seguridad democrática. Al generarse esta distinción entre amigos y enemigos se manifiesta que el único medio para la superación del conflicto es la guerra. Ahora bien, ésta es una guerra justificada de lado y lado en falsas afirmaciones, en ficciones. Ni todos los campesinos de las zonas de conflicto, ni todos los desplazados, ni todos los defensores de los derechos humanos, ni todas las ONG´s fueron aliados incondicionales de la guerrilla. Decir que lo fueron, es una falacia. Es la falsedad creada por aquellos defensores de posiciones de ultraderecha para legitimar su violencia contra la población civil en su intento todavía fallido de destruir a su enemigo, la guerrilla. De otro lado, autodefinirse como único representante de los sectores más pobres de la población es un despropósito político de parte de las guerrillas colombianas, es también un falso argumento. Es la ficción creada por un aparato militar autoglorificado por la utopía que pretende realizar y desde la cual legitima su violencia contra la población civil en su intento de destruir a su enemigo, el Estado. El resultado de esto es que los bandos en conflicto, sobre la base de hacer valer como verdades sus respectivas falsedades, están, efectivamente, consiguiendo imponer la solución puramente militar, desplazando la política, es decir, están logrando la agrupación de los hombres de esta sociedad como amigos y enemigos.

El reto que representa el pensamiento de Arendt para una sociedad como la colombiana que lucha para salir de la barbarie, es que el ejercicio democrático de la voluntad soberana del pueblo no puede ser políticamente representado ni por quienes justifican la necesidad de un Estado fuerte por razones de seguridad, ni por quienes justifican un Estado más justo por razones de igualdad. En los dos casos se trata de formas de poder tiránicas. En el primero, de la continuación de la tiranía de la minoría opulenta. En el segundo, de la tiranía de organizaciones que afirman representar los verdaderos intereses del pueblo. La alternativa consistiría en la conformación de una república democrática, a saber, abrir el marco de acción de una esfera de lo político que haga posible que la sociedad ejerza su poder propio y decida sobre sí misma; crear un espacio público para el coactuar conjunto de libres e iguales en el que prime el poder de convicción de la acción y la palabra, y en el que se le trazan límites políticos a la violencia y la barbarie. Al mal, como señaló Max Weber, hay que resistirlo con la fuerza. Al dominio abarcante que ha cobrado la confrontación puramente militar debemos oponerle el poder y la fuerza que resultan de entender nuestros fines políticos y las tareas que nos demandan. No podemos eludir el deber y la responsabilidad política de resistir a la solución propuesta por los actores descritos. El imperativo político es, para decirlo parafraseando a Max Weber, has de resistir a la antipolítica con la fuerza de la política, pues de lo contrario te haces responsable de su triunfo. Esta es una tarea que nos incumbe a todos y que no podemos permitir nos sea arrebatada por ninguno de los actores políticos o militares que a nombre del pueblo, la autoridad, o la seguridad democrática, pretenden ocupar el lugar del poder público para mantenerse o asumir el control del Estado. Y debemos luchar por ella porque en juego está la posibilidad de la libertad política como un elemento natural del hombre, como algo establecido en las condiciones elementales del actuar. Y porque es a través de ella que podemos decidir cómo queremos vivir, es decir, cómo queremos resolver nuestros asuntos comunes.

COYUNTURA LABORAL Y SINDICAL

La coyuntura laboral y sindical, hechos y cifras más relevantes 2007-2008
Luciano Sanín - Área de Defensa de Derechos Humanos y Laborales
Escuela Nacional Sindical

Introducción
Los hechos más significativos en el campo laboral y sindical en el último año, son:

1. El aplazamiento indefinido de la votación en la Cámara de Representantes de Estados Unidos del TLC con Colombia es el hecho laboral y sindical más importante del año. Y es un campanazo de alerta para el gobierno de Colombia y el gobierno de los Estados Unidos sobre la importancia que los temas laborales y sindicales están adquiriendo en la negociación de acuerdos comerciales.
La acción exitosa de las organizaciones sindicales, políticas y sociales en Colombia y en Estados Unidos demuestra con contundencia que las restricciones al ejercicio de las libertades sindicales, la violencia antisindical que se mantiene, la impunidad sobre esta larga historia de violencia y la crisis generada por los nexos entre paramilitares y clase política, efectivamente deben ser tenidas en cuenta en la negociación del tratado de libre comercio.
Además, durante el periodo en cuestión se han venido negociando tratados de libre comercio entre Colombia y Canadá, la Unión Europea y la Asociación Europea de Libre Comercio. En todos estos tratados las negociaciones han avanzado en el más absoluto secreto y sin la participación de la sociedad civil o el cubrimiento de los medios de comunicación colombianos.

2. El aumento del 71.4% con respecto al 2007 de los asesinatos en lo corrido del año 2008. Mientras entre enero y abril del 2007 se habían registrado en el país 14 homicidios de sindicalistas, entre enero y abril del 2008 se han cometido 24 homicidios contra trabajadores sindicalizados, especialmente dirigentes sindicales.

3. La política gubernamental de limitar la creación de sindicatos y su libre funcionamiento. Durante los cerca de seis años del gobierno de Álvaro Uribe Vélez se ha negado el registro de 236 nuevas organizaciones sindicales por parte
del MinProtección Social, lo que traduce que al menos 7.0801 trabajadores en el país perdieron la posibilidad de sindicalizarse.
Adicionalmente se negaron 239 inscripciones de juntas directivas, subdirectivas y comités seccionales municipales, con lo cual, por actos administrativos, se menoscabó la organización sindical.

4. En lo referido al sistema de riesgos profesionales y según datos oficiales, durante el 2007 los accidentes de trabajo se incrementaron en un 6.4% con respecto al año 2006, es decir 44.182 casos más. Durante el 2007 ocurrieron 732.718 accidentes de trabajo, lo que equivale a que al menos 2.007 accidentes laborales ocurren diariamente. Otro de los datos alarmantes es la muerte en el trabajo, con el registro de 826 trabajadores y trabajadoras muertos durante el trabajo, lo que supone al menos 2 muertes diarias por causas laborales. La enfermedad profesional también sigue en aumento. En el 2007 se diagnosticaron 3.719, quintuplicando a los casos registrados durante 1999, que tan solo fueron 701 en total.

5. La creación de la Confederación Sindical de las Américas -CSA-, que representa a más de 50 millones de trabajadores del continente, donde se agruparon la ORIT y la CLAT y algunas centrales independientes. Este sin duda es un paso más en el anhelado ideal de la unidad del sindicalismo mundial y hemisférico, es además consecuencia de la creación de la Confederación Sindical Internacional y en ella participan las tres centrales sindicales colombianas.

6. El crecimiento económico del 7.52% en el año 2007 no ha tenido efectos en la creación de empleos decentes en Colombia, especialmente en los sectores financiero, comercio y servicios comunales, sociales y personales. Por el contrario la precariedad laboral y el subempleo siguen extendiéndose.

7. En el año 2007 y en comparación con el año 2005, disminuyó el número de convenciones colectivas mientras los pactos colectivos, figura en general impuesta por los empleadores, crecieron de manera sustancial. En el período 1996-1997, 462.641 personas se beneficiaron de la negociación colectiva; en el periodo 2006- 2007, 176.948 se beneficiaron, lo que evidencia una significativa caída en la negociación colectiva y su cobertura, 285.693 beneficiarios perdieron sus garantías convencionales, aproximadamente un 62% de los beneficiarios de hace una década hoy están desprotegidos.

8. Persiste en Colombia un ambiente político hostil al ejercicio de las libertades sindicales y al diálogo social. La estigmatización y el desgaste de los espacios de diálogo social han signado este último año, muestra de ello es que el gobierno ha presentado dos proyectos de ley en materia laboral (huelga y CTA)
1 Esta cifra se construye asumiendo que el promedio de afiliados de cada nueva organización sindical es de 30, cifra bastante baja, pero que permite formarnos una idea de los impactos de esta política.
que no recogen las propuestas de las centrales sindicales centradas en el cumplimiento de las recomendaciones de la OIT.

9. El significado político y laboral de las tres últimas huelgas realizadas en Colombia en el año 2007 en la multinacional Ross y en el 2008 en Puerto Wilches y Cerromatoso. En Ross y en Cerromatoso las organizaciones sindicales lograron que los trabajadores subcontratados fueran beneficiados por la convención colectiva y pasaran a tener contratación laboral indefinida. En Puerto Wilches los trabajadores de la palma africana pararon en busca de contratos laborales.

10. A dos años del acuerdo tripartito, son muy pocos los avances que se pueden evidenciar. La representación permanente de la OIT y su programa de cooperación técnica y la creación de la unidad especial de fiscales y jueces para la investigación y juzgamiento de la violencia ejercida contra personas afiliadas a organizaciones sindicales, son los más importantes. Está pendiente de abordar y resolver la agenda que las centrales sindicales han presentado para lograr el cumplimiento del conjunto de recomendaciones que los organismos de control de la OIT le han realizado a Colombia, parte sustancial y que justifica dicho acuerdo.

Como todos los años, en el marco del día internacional del trabajo, la ENS, en asocio con las centrales sindicales colombianas, presenta las cifras y los hechos más importantes en el campo laboral y sindical como una contribución al debate público que el país debe dar sobre estos temas.

I. LOS DERECHOS LABORALES Y LA PROTECCIÓN SOCIAL
1. El crecimiento económico no significó mayor generación de empleo, ni mejor protección social
Durante el año 2007 la economía Colombiana creció en un 7.52%, manteniendo un ritmo ascendente de crecimiento que en promedio refleja un ritmo del 5% anual desde el año 2001. Sin embargo estos efectos no han impactado de igual forma la dinámica laboral y la calidad del empleo. La tendencia general es a la baja de los contratos a término indefinido y a aumentar en mayor proporción la contratación de trabajadores y trabajadoras bajo las distintas modalidades precarizadas y flexibles de contratación.

La Universidad Nacional en su estudio ‘Bienestar y Macroeconomía 2007’, señala que aún en los años de la recesión se tenía un número de trabajadores vinculados como permanentes mayor que el que hoy está enganchado en la industria. La encuesta continua del hogares muestra que para 1992 había 539.807 trabajadores vinculados como permanentes, y ya en 2006 eran 324.822, lo que indica una disminución del 40%, tendencia que es proyectable para el total de trabajadores permanentes. Es de anotar que la contratación bajo la modalidad de temporales, ya sea directamente o por medio de agencias y cooperativas, ha aumentado. -Se pasa de 94.858 en 1992 a 277.020 en 2006, dándose de esta forma un aumento del 192%.

Estas cifras hablan por sí solas del deterioro de las condiciones laborales, que indican que las orientaciones dadas desde la OIT para que los gobiernos se comprometan en crear trabajo decente para generar unas condiciones de vida dignas para los trabajadores, no está en la agenda del gobierno colombiano. En el siguiente cuadro se puede apreciar la inexistencia de avances significativos en materia de indicadores de protección social durante los últimos años de recuperación económica, cuadro que nos ofrece una idea de las condiciones y el estado de las realidades laborales en el país.

Indicadores de protección social

Concepto 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Participación

Ocupados %2007

TotalNacional

abril- junio 16.416.076 17.318,963 17.344.296 17. 779.267 18.267.321 18.134.332 100,0%

Afiliados

fondos

cesantías 3005. 3052. 903.3703. 322.4433. 645.9244 .102.37 14.375.781 24,1%

Afiliados

Cajas de

Compensación

Familiar 3.351.691 3.574.910 3.982.629 4.390.160 4.858.857 5.041.117 27,8%

Afiliados

cotizantes

Régimen

Contributivo

de salud (4) 6.096. 9265. 833.693 6.824. 9687.193 .8897.287. 182 39,9%**

Afiliados

Aseguradoras

de riesgos

profesionales (5) 4.164.975 4 .602.468 4.656.420 5.404.050 5.637.676 6.019.062 33,2%

Afiliados

cotizantes

fondos de

pensiones(6) 4.961.223 5.218.451 4.610.7334. 747.4805. 329.9096. 422.4443 5,4%

Población

afiliada a

sindicatos (7) 875.785 844.648 831,047 847.253 818.507 4,5%

Convenios

colectivos (8) 700 284 620 360 355 463

Cobertura 176.774 72.244 134.244 99.36 260.462 176.948 1,0%

Incluye los pensionados por vejez, invalidez y las personas que reciben pensión de sobrevivientes** Tasa para 2006, aun no se ha publicado dato oficial sobre afiliados a salud para 2007Fuentes: 1. DANE, Encuesta continua de hogares, desde 2007 Gran encuesta integrada de hogares. 2, Superintendencia Financiera. Estadísticas de los Fondos administrados. www.superfinanciera.gov.co. 3. ASOCAJAS. www.asocajas.org.co. 4, 5, 6, 7, 9: Ministerio de la Protección Social, Informes al Congreso de la República. 8. ENS Censo SindicalLa poca generación de empleo y las altas tasas de desocupación están relacionados con la actual estructura productiva, que confirma que hay una relación estrecha entre los sectores productivos de mejor desempeño y su baja participación en la creación de puestos de trabajo.Para el año 2007, por ejemplo, mientras el sector de intermediación financiera contribuyó con el 1.3% en la generación de empleo (con un crecimiento del 22.5%), el sector del comercio, que tiene el 24.9% de la mano de obra, creció a una tasa del 10.4%, cifra que por lo demás supera los datos históricos de varias décadas atrás.Caso similar se da en el sector de servicios comunales sociales y personales, dónde se presentó un crecimiento del 3.15%, cuando aporta a la creación de empleo con el 21.5%, situación que se repite en agricultura, ganadería, caza y pesca.2. Se incrementan los accidentes laboralesEl panorama de riesgos profesionales en Colombia hoy es bastante sombrío. Según datos oficiales los accidentes de trabajo se han incrementado sustancialmente en país, presentando una tasa promedio anual del 12,17% . Durante el año 2007 se presentaron 732.718 accidentes de trabajo, 44.188 más que en el 2006. Esta crítica situación se refleja en que al menos 2.007 accidentes laborales ocurren diariamente. A este panorama se suma la muerte de 826 trabajadores y trabajadoras en medio de la jornada laboral, es decir al menos 2 muertes diarias por causas laborales. La enfermedad profesional también sigue en aumento, lo que evidencia que en el 2007 se diagnosticaron 3719, cinco veces más de las reconocidas en 1999, que tan solo fueron 701 en total, a pesar que la enfermedad profesional en Colombia es poco diagnosticada no sólo por las dificultades en el conocimiento médico sino que, en la práctica, al médico no se le deja diagnosticar y definir libremente el origen de la enfermedad profesional.Causa curiosidad que todo este deterioro coincida con la destinación de mayores recursos para la salud. Se cree que el gasto se ha estabilizado en un 8,5% delPIB2, en un aumento de la cobertura: 6.7% más afiliados que el 2006, y una cada vez más amplia participación del sector privado y del mercado en relación con el sector público. Mientras que el Seguros Social –ISS- concentra el 28.55% de los afiliados al sistema y el 73% de las empresas, la mayoría de ellas de alto riesgo y costos, solo recibe el 22.10% del total de las cotizaciones del sistema, las ARP privadas reciben el 77.90% de las cotizaciones y tan solo cubren el 27% del total de siniestros pagados, el resto lo asume el sector público3, y que algunos de los indicadores hayan variado o no se hayan mejorado desde que empezó a aplicarse la Ley 100.En medio de este panorama, es evidente la pérdida de presencia del Ministerio de la Protección Social, al tiempo que las EPS y ARP privadas se fortalecen y algunas de ellas se posicionan entre las empresas más rentables del país, (caso Saludcoop, ubicada en el 17 puestos de las 100 empresas más grandes de Colombia)

CONCEPTO 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

TRABAJADORES

AFILIADOS

AL SGRP 3.950.957 -3.788.856 -4.091.427 - 4.003.448- 4.602.468 -4.849.754 - 5.104.050 -5.637.676 - 6.019.062

EMPRESAS

AFILIADAS

AL SGRP 215.928 219.158 295.849 296.567 347.219 368.153 369.847 390.505 415.047

ACCIDENTES

DE TRABAJO

OCURRIDOS
(Calificados +

Presuntos) 559.248 540.493 590.551 688.536 732.718

ENFERMEDADES

PROFESIONALES 701 895 984 920 1.121 1.105 1.909 2.935 3.719

MUERTES

OCURRIDAS 820 743 852 697 842 860 852 895

2. Las políticas laborales han influenciado las negociaciones económicas internacionales.
En los casi seis años que ha durado el mandato actual del Presidente Álvaro Uribe Vélez, se ha venido implementando una estrategia compleja de construir una telaraña de tratados para abrir los mercados colombianos a los bienes, servicios, e inversiones que provienen no solo de EEUU sino también de una gama amplia de países de América Central, Canadá, Chile, UE, etc.
La característica central de estos tratados es la consagración normativa de los derechos para las empresas trasnacionales y la ausencia y desconocimiento de los derechos de las personas.
Algunas presiones han logrado la inclusión de un capítulo laboral, sin embargo, no supone que los países implicados armonicen sus legislaciones con los estándares internacionales de la OIT, lo que termina por volver estos capítulos en letra muerta.
En general las negociaciones han sido conducidas casi en secreto y con poca participación de la sociedad civil, y casi nulo cubrimiento por parte de los medios de comunicación, y por ende ausencia de debate público de sus implicaciones.
Pero quizá el hecho que más llamó la atención de los colombianos fue el congelamiento en el congreso de los EU del proceso de aprobación del TLC entre Colombia y EU, atribuido por muchos analistas a la presión de las organizaciones sindicales colombianas y norteamericanas que lograron colocar como tema crucial la falta de garantías para el ejercicio de los derechos laborales y las libertades sindicales, marcando con esto un hito en la negociación de los tratados de libre comercio.
II. LAS LIBERTADES SINDICALES
1. Crece la violencia antisindical en el año 2008
Durante los tres meses y medio de este año han sido asesinados en Colombia 24 trabajadores sindicalizados, cifra que corresponde al 62% del total de los homicidios del año 2007 cuando se registraron 39 asesinatos y un incremento del 71% de los asesinatos si se compara el mismo periodo con el año anterior, cuando se registraron 14 asesinatos.
La disminución de las muertes y el aumento en la protección de los sindicalistas en el país se ha convertido en estrategia política para discutir tratados de libre comercio y no en una preocupación sincera por la defensa de la vida y de los derechos sindicales. Sin embargo, y pese a los esfuerzos publicitarios de este gobierno, al lobby internacional para tratar de deslegitimar estas violaciones y a los juegos estadísticos, la realidad del sindicalismo colombiano hoy es crítica, la intención de exterminio sindical se ha materializado en tan solo tres meses y medio en el asesinato de 24 líderes sindicales, la desaparición de cuatro y el intento de asesinato de otros dos más.
Esta situación es bastante preocupante si se considera que las violaciones a los derechos humanos de sindicalistas en el país se realizan de manera sistemática y continua, lo cual significaría que la publicitada cifra de disminución de homicidios retomaría su ruta ascendente, señalando a su vez que dicha disminución sólo obedece a una lógica de contingencia coyuntural y no a una tendencia general hacia la disminución de la violencia antisindical.
Otra situación preocupante es el altísimo nivel de participación de los dirigentes sindicales en el total de las violaciones a los derechos humanos registrados este año, revelando que el 42% de estos asesinatos ha ocurrido contra dirigentes y que el 65% del total de violaciones se ha dirigido contra ellos. Esta situación presenta un cambio sustancial si observamos que históricamente en promedio el 30% de las violaciones se realizaba contra dirigentes y el 70% contra trabajadores afiliados.
Otra situación que llama la atención es el aumento significativo de violaciones de presunta autoría de grupos paramilitares. Si bien hemos señalado en anteriores informes que la tendencia general frente a las violaciones es el ocultamiento o desinformación de la presunta autoría, durante este año y pese a lo parcial de los datos, el 36% del total de las violaciones, es atribuible a los paramilitares, este 36% corresponde particularmente a casos de amenazas contra dirigentes sindicales.
Frente al año 2007 es importante señalar entre enero y diciembre fueron asesinados 39 sindicalistas, situación que revela un descenso del 54% de los asesinatos frente al año 2006. Sin embargo, esta disminución contrasta con el incremento desbordado en los atentados de muerte, que se duplicaron, pasando
de 5 en el 2006 a 11 en el 2007, el incremento del 19% en las detenciones arbitrarias y el incremento de los allanamientos ilegales.

Total de violaciones a la vida, libertad e integridad de los sindicalistas colombianos - Enero 1 a Abril 20 de 2008.

Tipo de violación Número de casos %

Amenazas 37 51.3
Atentados con o sin lesiones 2 2.7
Desaparición 4 5.5
Detención arbitraria 1 1.3
Homicidios 24 33
Hostigamiento 2 2.7
Tortura 2 2.7
Total 72

Violaciones del derecho a la vida, a la libertad personal y a la integridad física de los sindicalistas colombianos 2006-2007

Tipo de Violación N° de casos 2006 N° de casos 2007 Variación %
Amenazas 244 224 - 8.1
Homicidios 72 39 - 54
Detención arbitraria 16 19 + 18.7
Hostigamiento 22 16 - 27.2
Atentado con o sin lesiones 5 11 +120
Allanamiento ilegal 2 4 +100
Desaparición 5 2 - 60
Tortura 4 2 -100
Secuestro 5 0
Total 375 311 -17

País Tasa general de homicidios Población sindicalizada Homicidios de sindicalistas Tasa de homicidios sindicalistas
Venezuela 45 (2006) 1.300.000 0 0
Colombia 39 (2006) 831.000 39 4.7
Brasil 27 (2004) 19.600.000 9 0.05
El Salvador 55 (2006) 138.500 4 1.33
Sudáfrica 52 (1998) 2.500.000 3 0.12

2. Permanece la impunidad
Esa violencia se mantendrá mientras no existan verdaderas sanciones a los responsables que permitan acabar con la cadena sucesiva de agresiones contra el movimiento sindical. A pesar de los esfuerzos por avanzar en materia de impunidad, que se han logrado gracias a la presión desde el movimiento sindical, finalmente se han concretado en unas medidas que han permitido poner a la vista pública el drama de la violencia contra el sindicalismo y la reinante impunidad para sus victimarios.
Ha señalado el movimiento sindical satisfacción por la creación de la subunidad de fiscales y los jueces de descongestión OIT. Sin embargo, muchas preocupaciones nos asaltan luego de un año y cuatro meses de su implementación.
Las 105 sentencias corresponden efectivamente a 76 casos. 72 de ellos corresponden a casos de homicidio (pero en un caso de ellos fue absuelto el procesado por cargos de homicidio y se le sancionó exclusivamente por concierto para delinquir), 2 de los casos son tentativas de homicidio, un caso es amenazas y uno más es concierto para delinquir. En los 72 casos de homicidio, hay 101 víctimas. De esas 101 víctimas, 12 no eran sindicalistas sino que fueron asesinados en el lugar y con ocasión del homicidio del asesinato del sindicalista y tres de ellas ni la Fiscalía, ni las sentencias señalan la calidad de sindicalistas de las víctimas, tampoco aparecen como sindicalistas de acuerdo a la información que manejamos las centrales sindicales. De manera que los casos relacionados por la Fiscalía corresponden a 86 víctimas sindicales, lo que muestra los pocos avances para superar la impunidad, si se considera que han sido asesinados 2.578 sindicalistas desde 2986.
Al ritmo de unas 40 sentencias anuales, tendríamos que nos tomaríamos más de 60 años para superar la impunidad sobre el supuesto de que no ocurran más asesinatos a partir de hoy y se mantenga la unidad especial de investigación y juzgamiento.
De otro lado, nos surgen cuatro preocupaciones derivadas del análisis de las sentencias emitidas por los jueces y provenientes de las investigaciones realizadas por la subunidad:
1. En el desarrollo de las investigaciones penales, no se evidencia una investigación integral y sistemática de los delitos. La investigación parece por fuera del contexto regional, de la organización sindical, y en algunos casos aún personal. El juez falla sin ninguna consideración que permita avanzar en el esclarecimiento de la verdad sobre las causas de la violencia antisindical.
2. En algunos casos, el juez falla sin hacer más consideraciones que quien realizó el homicidio fue el sicario, sin preguntarse el por qué y quien estaba detrás del acto criminal. Dejando en la impunidad el caso, ya que los autores intelectuales siguen siendo desconocidos.
3. La Fiscalía hace una valoración sobre los delitos sin considerar como hipótesis de investigación la calidad de sindicalista de la víctima. Esto se ve reflejado en la sentencia, la cual hace dudar sobre las verdaderas razones del crimen. Un ejemplo es la sentencia en el caso de la maestra Isabel Toro Soler, asesinada el 18 de mayo de 2004, la cual fue amarrada, ahorcada y puesto su cuerpo en la alberca de su casa. La sentencia y la Fiscalía señalan como móvil el hurto, cuando, la misma sentencia señala que, el condenado no se llevó absolutamente nada, el único delito que se consumó fue el homicidio.
4. La Fiscalía y el gobierno continúan señalando como principal móvil de la violencia antisindical la presunta pertenencia de la víctima aun grupo armado ilegal. Sin embargo de la lectura de las sentencias no se deducir dicha afirmación. Y no puede ser así porque, primero, el proceso penal no es contra la víctima, segundo, porque las sentencias han concluido que por la condición de sindicalista de la víctima constantemente son señalados como pertenecientes o colaboradores de los grupos armados ilegales. La Fiscalía institucionaliza afirmaciones contrarias a las sentencias, y revictimiza a las víctimas, atenta contra su dignidad y su buen nombre. Los casos de Luciano Romero sindicalista de Sinaltrainal, Adan Alberto Pacheco de Sintraelecol, Wilson Borja, Carmen Emilio Sanchez Coronel, miembro del sindicato de Maestros del Norte de Santander –ASINORT, entre muchos otros, son muestra de esta tergiversación que realizan la Fiscalía y el gobierno.
3. Aumenta la movilización de las trabajadoras y trabajadores no sindicalizados
Uno de los aspectos más destacados durante el 2007 lo constituye el aumento de las movilizaciones de trabajadores no sindicalizados, lo que equivale a un 32.5% del total de las registradas, mientras los sindicatos de industria protagonizaron el 28% de las acciones y los sindicatos de empresa solo el 10%. Los sectores mas movilizados fueron los trabajadores de la educación y la salud que concentraron el 69% de las acciones, seguidos por el sector de minas y canteras con un 9% mientras el sector de industria manufacturera solo representa un 4.4%.
Durante el año 2007 las acciones de movilización por parte de los y las trabajadores en Colombia, sindicalizados y no sindicalizados, prácticamente no crecieron con respecto al año 2006. De acuerdo al seguimiento y sistematización de esta dinámica durante el 2007 se registraron 89 acciones de movilización, de las cuales 26 corresponden a paros, 24 jornadas de protesta, 11 marchas y/o movilizaciones, 16 tomas y bloqueos, 3 huelgas y 9 acciones de reivindicación.
De acuerdo a estas acciones en el país los trabajadores se movilizan principalmente por el incumplimiento o no pago de salarios, donde se concentra el 40% de la movilización, es decir 36 acciones, en segundo lugar por el rechazo frente a las políticas generales de Estado, equivalente a un 17%, el rechazo a las políticas laborales y la negociación de pliegos constituyen el 6.6% respectivamente, mientras la privatización de empresas, la reestructuración, y la violación a los DDHH constituyen solo 4.4% respectivamente.
Las movilizaciones presentan particularmente una cobertura local llegando a representar el 70.7% del total de las acciones, las acciones de nivel nacional representan solo un 14.6% y las departamentales el 13.4% Atlántico y Santander concentran más del 30%, seguidos de Antioquia y Valle. Las acciones se realizan con cierta exclusividad contra el sector estatal, concentrando casi el 80%, mientras las acciones contra el sector privado solo representan el 15%.

Dinámica de la movilización Frecuencia 2006 Frecuencia 2007
Huelga 2 3
Paro 25 26
Jornada de protesta 27 24
Movilización o marcha 9 11
Toma o bloqueo 10 16
Huelga de hambre 1 -
Otras 12 9
Total 86 89

4. El gobierno colombiano mantiene su política de restringir la creación de nuevas organizaciones sindicales
Durante los cerca de seis años del gobierno de Álvaro Uribe Vélez se ha negado el registro de 236 nuevas organizaciones sindicales por parte del Ministerio de la Protección Social, lo que traduce que al menos 70804 trabajadores en el país perdieron la posibilidad de sindicalizarse. Adicionalmente se negaron 239 inscripciones de juntas directivas, subdirectivas y comités seccionales municipales, con lo cual por actos administrativos se acabo la organización sindical.
También se negó el registro de 241 de otros actos sindicales (inscripción de juntas directivas, creación de subdirectivas y comités, reforma de estatutos). Con consecuencias muy graves en el funcionamiento normal de las organizaciones sindicales.
Esta intervención arbitraria e inconstitucional del Ministerio de Protección Social se presenta con mayor frecuencia en el departamento de Cundinamarca, concentrando un 39% de las negaciones, seguido por el departamento de Nariño con 10%, Antioquia con 8%, Atlántico con 7% y Arauca con 6%. Llama particularmente la atención el número elevado de ingerencias en Nariño y Arauca
4 Esta cifra se construye asumiendo que el promedio de afiliados de cada nueva organización sindical es de 30, cifra bastante baja, pero que permite formarnos una idea de los impactos de esta política
por ser territorios donde la población sindical es relativamente baja comparada con el promedio nacional.
En promedio, durante este gobierno, cada año, al menos 47 intentos de creación de organizaciones sindicales son bloqueados y se les niega la posibilidad de existir. Estas negaciones están soportadas particularmente en apreciaciones subjetivas frente a la fundación de un sindicato por parte de los inspectores del trabajo o en el no cumplimiento de algunas formalidades insustanciales.

Negación inscripción actas de constitución Numero de Casos
2002 3
2003 68
2004 36
2005 45
2006 56
2007 28
Total 236

5. Disminuye en 62% la cobertura de la negociación colectiva. Disminuyen las convenciones colectivas de trabajo y aumentan los pactos colectivos.
En el 2007 se negociaron 463 convenios colectivos de trabajo, uno más que en el 2006. Este incremento, que es sólo del 0.1%, se debe sólo al incremento de los Pactos Colectivos, que aumentaron en 183.33%, en tanto que las convenciones colectivas disminuyeron 34.03%. Los Contratos sindicales mantienen una participación muy exigua representando sólo el 1.07% del total.
Respecto de la cobertura de la contratación colectiva, en el 2007 se beneficiaron de algún convenio colectivo de trabajo 116.486 personas, lo que significa un incremento respecto de los años anteriores, aumento que se debe fundamentalmente a los pactos colectivos por lo general impuestos por los empleadores.
Comparando el período 1996-1997 con el periodo 2006-2007 encontramos que en el primero se suscribieron 1579 convenios colectivos de los cuales 983 eran convenciones colectivas, 592 eran pactos colectivos y 5 contratos sindicales, con una cobertura de 462.641 beneficiarios; frente a 925 convenios colectivos, de los cuales 639 eran convenciones colectivas, 276 pactos colectivos y 10 contratos sindicales, con una cobertura de 176.948 beneficiarios. Lo que muestra una significativa caída en la negociación colectiva y su cobertura, 285.693 beneficiarios perdieron sus garantías convencionales, aproximadamente un 62% de los beneficiarios de hace una década hoy están desprotegidos. Este fenómeno encuentra explicación en los enormes obstáculos jurídicos y prácticos que se imponen a las organizaciones para existir y desenvolverse libremente
En el 2007, las convenciones colectivas pactaron vigencias de 26 meses en promedio, en tanto que el promedio pactado en los pactos fue de 28.5 meses. En relación con este fenómeno, lo que ha podido verificar la ENS, es que cada vez un mayor número de empresas vienen condicionando la firma de una nueva convención colectiva a una vigencia mayor de la pactada en el convenio vigente, condición que imponen en muchos casos apoyados en situaciones de correlación de fuerzas que no favorecen a los sindicatos.

Convenciones, pactos y cobertura de la contratación colectiva

Convención colectiva Pacto colectivo Contrato Sindical Año Total % Total % Total % Total Cobertura
Personas
2002 567 73,45 200 25,91 5 0,65 772 176.774
2003 268 70,16 110 28,80 4 1,05 72.244
2004 491 70,34 192 27,51 15 2,15 698 134.244
2005 272 62,39 160 36,70 4 0,92 436 99.336
2006 385 83,33 72 15,58 5 1,08 462 60.462
2007 254 54,86 204 44,06 5 1,08 463 116.486